viernes, 13 de enero de 2017

¿Se puede frenar el desmadre económico?

Gobierno y oposición continúan en lo mismo… y con los mismos. Lo primero que resalta es la paradoja de pregonar la necesidad y urgencia de, por ejemplo, frenar la inflación y, sin embargo, no mover ni un ápice en esa dirección. Así, el Gobierno cacarea viejas medidas para atacar la inflación que fueron y son  las causantes  de la debacle económica (control de cambio híper inflacionario) y el desarrollo desmedido y descarado de la corrupción. Todo lo malo que se ha hecho en la economía del socialismo siglo XXI no solo se mantiene a pesar de las protestas de cambio, sino que se reivindica.
A la oposición, por su parte,  se le olvidó que entre sus prioridades electorales figuraba la necesidad de transformar el actual modelo económico, habida cuenta que éste aparecía como el principal responsable de la justificación “teórica” del ya mencionado desmadre. Pues bien, a tres meses de haberse proclamado en la AN la derrota del oficialismo, todavía no aparece ni un proyecto, ni una idea, ni siquiera una señal del sector opositor de cómo lidiar con esta prioridad. En su lugar, las baterías se han centrado en un cambio de Presidente que presenta un menú multivariado e inclusivo de acciones que privilegian cómo salir de una dictadura enarbolando las banderas de la democracia. ¿Ingenuidad o bolsería?

El cambio en lo económico precede al político, y está sujeto a dos condicionantes: debe ser realizado en conjunto por Gobierno y oposición, y debe significar un verdadero cambio, es decir, no puede ser igual a lo que se ha aplicado y desarrollado en materia económica durante los últimos años. En este sentido, Gobierno y oposición están “obligados” a concebir y diseñar sus planes de cambio y a confrontarlos para acordarse en las áreas y propuestas comunes. Esto no implicaría cambio de Gobierno,  excepto cuando éste pretenda rechazar u oponerse a lo acordado. En ese caso la oposición debería invocar los artículos constitucionales que por vía de excepción defiendan los valores, principios y garantías democráticas y los derechos humanos como se establece en el articulado de la Carta Magna.

En la Venezuela de hoy, altamente polarizada y con visos de totalitarismo dictatorial, es necesario recurrir a la democracia directa,  es decir, al pueblo soberano que es el único que puede estar por encima de tribunales corruptos como el TSJ. El desmadre económico nos afecta, aunque no por igual, a tirios y troyanos; por eso es necesario que sea confrontado por tirios y troyanos. Sin embargo, el Gobierno que es de los actores en vida uno  de los principales responsables de la crisis, no solo sigue empeñado en desconocer su responsabilidad en la misma sino que pretende reivindicar el desmadre económico que nos agobia.   

Si el Gobierno mantiene su tozudez, entonces a la oposición no le queda otro recurso que desconocerlo mediante la activación del artículo 350 de la Constitución que reza: “El pueblo de Venezuela …desconocerá a cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe, los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos” .  El 350 tiene pertinencia y validez cuando se apoya en una mayoría popular que se manifiesta en una certificación plebiscitaria. En el caso venezolano estaría dada por la rotunda exhibición de mayoría que el pueblo diera durante la elección de la nueva AN (6-12-2015) así como  el incipiente pero progresivo respaldo  internacional. De este modo, el desmadre económico sería revertido por Fuenteovejuna.

Material publicado el 15 de marzo de 2016. cvillarroelc. blogspot. com

lunes, 2 de enero de 2017

La nueva Asamblea Nacional

La situación política de la oposición venezolana da pena y lástima. Lo primero, porque no ha sabido aprovechar todas las oportunidades que se le han presentado en su lucha contra la dictadura oficialista; lo segundo porque su reacción frente a los violadores de la Constitución (TSJ) ha sido lastimosamente sumisa; en estas condiciones la AN más que propiciar el cambio político que se requiere, se convierte en legitimador de las tropelías ordenadas por Maduro y fielmente ejecutadas por el Tribunal Supremo de Justicia, en otras palabras, dada la situación actual  esta  AN no tiene razón de ser.

Se podrá argumentar que la anulación del cuerpo legislativo por parte del máximo tribunal de la república  reviviría el costoso error que cometió la oposición durante las elecciones legislativas de 2005 al abandonar  las mismas, dado el grado de indefensión que sufría la oposición de entonces; no, en aquellos momentos la oposición optó por abandonar una causa perdida,  en la situación actual los opositores tiraron por la borda una causa que, en más de una ocasión, se tuvo ganada. De hecho, en las dos décadas de gobierno bolivariano a cada triunfo político opositor pareciera corresponder una estrepitosa derrota  partidista de los opositores.

Con base en el análisis de los párrafos anteriores es válido suponer que la oposición tradicional, sin unidad nacional, propósito no definido  e ineficiente  debería dar paso a todo lo contrario: una nueva AN que sea representativa de una democracia directa tal cual lo plantea  la Constitución. Una AN cuyo poder no dependa de las parcializadas decisiones de un Tribunal Supremo de Justicia. En este sentido son dos los puntos cruciales que deberán priorizar como metas quienes  pretenden rescatar a la maltrecha democracia venezolana: uno, la constitución de un frente anti dictadura; y dos,  el enfrentamiento con el TSJ que se ha erigido en el superpoder de la justicia, que hace y deshace, más de lo segundo que de lo primero.

Una AN  debería definir sin medias tintas y con total compromiso a los contendores: Dictadura y Democracia. Sin embargo, a pesar de la dicotomía utilizada el deslinde de los extremos no resulta tan evidente. Hay quienes rechazan “esta dictadura”, pero no las dictaduras en general; otros no terminan de rechazarla porque en el transcurrir de la política venezolana avalaron injusticias imperdonables a las que ahora pasan factura; y por último, aunque no lo último, hay quienes no la rechazan por comulgar con la posición ideológica de los Castro y los Stalin. No, la dictadura para la cual pedimos rechazo se concibió y se desarrolló aquí en Venezuela; y deberán ser venezolanos, de cero politiquerías, quienes tendrán que derrotarla. La única discriminación permitida debería ser la de los contendores: Demócratas y Pro dictadores.

El comportamiento del TSJ en el campo de los abusos y violaciones a la Constitución ha hecho creer a muchos que ya todo está dicho, y que nada puede hacerse. Hay, sin embargo, un poder que está por encima de todos los otros: LA SOBERANÍA POPULAR. Durante diciembre de 2015 se evidenció una muestra de ese poder cuando la oposición derrotó ampliamente al oficialismo en la elección de 6/12/2016. Lamentablemente la oposición no supo aprovechar la coyuntura política y al TSJ se le permitió expropiar e invertir los resultados electorales. En aquella oportunidad escribimos un artículo titulado: Más de 7.700.000 jarrones chinos  (24/1/2016) aludiendo a la inutilidad de esa victoria que la burocracia partidista no supo ni pudo defender; en  este sentido, todo el caudal de votos opositores se diluyó pero no se extinguió; están ahí, para ser capitalizados  por una unidad sin partidos aunque con mucha ciudadanía; y un enfrentamiento inteligente a cualquier dictadura.

César Villarroel Castillo
Caracas, 29 de diciembre de 2016.



Recomendamos la lectura de mi artículo: “Más de 7.700.000 jarrones chinos”. Caracas, 24 de enero de 2016. cvillarroelc.blogspot