miércoles, 25 de febrero de 2015

Del 350 y la mayoría opositora

El comportamiento último del gobierno madurista: encarcelamiento de opositores a troche y moche sin pruebas y sin decencia, no deja lugar a dudas acerca de su carácter dictatorial; pareciera que en cuanto a la calificación de la dictadura el régimen ya agotó su ración de eufemismos. Afortunadamente, pensábamos algunos, nuestra Constitución había previsto lo conducente cuando en su artículo 350 establece: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos” Sin embargo, aunque  el gobierno de Maduro es un retrato fiel de la dictadura que el legislador previó y quiso evitar, a nadie se le ha ocurrido pedir la activación del  350 ¿Por qué?

Porque en todas las elecciones celebradas durante el período 2000-2012 (exceptuando el referéndum de2007) el aprendiz de dictador recibió un cheque en blanco (poderes públicos conculcados) que soslayó la oportunidad, pertinencia y validez del 350. Durante ese lapso Venezuela padeció la estafa perfecta: aquella que, chequera mediante, es aplaudida y bienvenida por los propios estafados. ¿Ignorancia?, ¿soborno al por mayor?, ¿miseria ideológica?, ¿incompetencia administrativa?; todas ellas, especialmente la ultima mencionada que puso a los expertos en economía (dentro y fuera del país) a preguntarse no el porqué de la súbita ruina económica y política, sino ¿por qué la habíamos permitido? Aquí aplica el viejo refrán: “Sarna con gusto no pica, y si pica no mortifica”

La muerte del caudillo no ha significado una rectificación ni en lo económico ni en lo político; por el contrario, la represión se ha acentuado y la violación de los derechos humanos campea por sus fueros, en consecuencia, pareciera necesario mirar hacia el 350 para luchar constitucionalmente contra el embrión dictatorial. La activación del decreto no es puntual en cuanto tiempo y acción, sino resultado de un proceso que, como mínimo, generen dos condiciones que aseguren su viabilidad y efectividad: la unidad nacional de los sectores de oposición y la demostración incontrastable de que esta última es mayoría. La primera condición trascendería el nivel de partidos, aunque no los excluiría; la segunda se manifestaría no sólo en el plano electoral, sino también en la calle y en la opinión de la comunidad internacional.

 Con base en lo anterior podría decirse que la lucha eficiente y eficaz contra la dictadura comienza al constatarse que la oposición es mayoría en todos los ámbitos mencionados: urnas electorales, calle y opinión de la comunidad internacional. Falta mucho para eso, aunque el déficit en el respaldo a Maduro de la comunidad internacional se ha agrandado y sólo parece contar con el escuálido apoyo de los países que están en la nómina de Miraflores.

 La unidad nacional de los opositores y una eventual mayoría de la misma es “harina de otro costal” que casi hace frontera con los predios de la utopía. Lo que hasta ahora se ha considerado como unidad opositora es un acuerdo entre partidos que privilegia sus intereses en contra del interés nacional. Primero Justicia y Julio Borges son los abanderados de esta política. Ahora se habla de refundar una Unidad que nunca llegó a fundarse. Si no hay unidad nacional es ocioso pensar en ser mayoría.

No debería permitirse que PJ y Borges sigan usufructuando una unidad en la que no creen y sabotean. La Unidad nacional debe deslastrarse de siglas y conveniencias; su único propósito debe ser combatir y derrotar la dictadura; y su única estrategia, por ahora, es oponerse a los desmanes y autoritarismo del desgobierno madurista. Por eso, quien considere válidas las consideraciones  anteriores no debe dudar en hacer el esfuerzo y sacrificios necesarios para que en las venideras elecciones legislativas se comience a forjar una Unidad Nacional que trascienda no sólo a los partidos sino también a las agrupaciones autodenominadas progresistas. Para identificarla basta con el gentilicio.


Hazlo, y estarás dando el primer paso hacia la conformación de la Unidad Nacional y, eventualmente, la constatación de la mayoría opositora para la exitosa activación del 350.

lunes, 9 de febrero de 2015

Decreto 008610: ¿licencia para matar opositores?

Mortales, letales y mortíferas son, según la historia y el diccionario, los tipos de armas que cualquier dictadura que se precie ha usado siempre para enfrentar las protestas que se atrevan a manifestar en su contra. Parece ser también la intención  del  Gobierno al aprobar un decreto (Resolución 008610) con fecha 27/01/2015 en el que establece “el uso de la fuerza potencialmente mortal, bien por el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal” para evitar los desórdenes. Que en Venezuela se hayan usado armas de fuego para reprimir manifestaciones, aunque la Constitución lo rechace, no es una novedad;  lo nuevo reside en la pretensión de que se legalice la figura y que se estrene su práctica durante el año en curso.

El propósito de esta medida es el de intimidar a los eventuales (casi seguros) manifestantes durante la campaña electoral del 2015, habida cuenta que el desastre gubernamental, saqueo y ruina del país, es de tal magnitud que resultará muy difícil que los grupos más afectados negativamente no se vuelquen a las calles para hacer oír su voz de protesta. La protesta no es una opción, su naturaleza sí. Dependerá de la forma como sea concebida y tratada por la oposición y el Gobierno. Una protesta concebida y organizada en el contexto de la norma democrática respetará el derecho de la oposición que le niega el alcalde Jorge Rodríguez, pero también el del Gobierno a no ser provocado por guarimberos.

El fracaso del Gobierno lo obliga a la represión desmedida, por eso se ha venido preparando para una guerra contra los posibles manifestantes. Necesita que en la llamada “unión cívico militar” los militares, milicianos y colectivos asuman el control legal de la represión, es decir, pasen del ilegal ensuciarse las manos, a la “legal”, mortal, letal, y mortífera represión alcahueteada. Así, cuando en el futuro se quiera condenar internacionalmente los muertos que pudiera generar la aplicación de este decreto, el Gobierno siempre podrá recurrir a su justificación porque estaría “respaldado” por un decreto ley y el concurso de sus propias fuerzas armadas,  colectivos y milicianos.

Regular el uso de la fuerza y violencia en las manifestaciones  es imprescindible; regulación que debería considerar los derechos de los actores principales: gobierno y oposición. Un gobierno democrático respetuoso de la Constitución debe, en esta materia, ser lo más ecuánime posible. Por ejemplo, extender una guaya para decapitar a un motorizado oficialista debe generar el mismo repudio y sanción que desfigurar el rostro y la existencia de una joven opositora con un disparo de escopeta de perdigones disparada a centímetros de distancia; mas, ambos crímenes no recibieron el mismo trato, y casos similares en la Venezuela de hoy no lo recibirán porque en nuestro país se vive una democracia desvirtuada y una justicia sesgada que cada día hace más mérito para ser calificada de dictadura.   

Las llamadas neo dictaduras que han comenzado a proliferar a partir de la revolución chavista suelen esconderse detrás del cliché electoralista y el principio de la no intervención; de este modo tratan de reivindicar una supuesta democracia verdadera en contraposición a la formal, representativa e imperfecta que, hasta ahora, nos ha cobijado políticamente. Es lo mismo que hace Cuba cuando pretende, con toda desfachatez, que se le considere una democracia porque así lo establece su Constitución, aunque el gobierno dispense a sus nacionales un trato despótico y dictatorial.

¿Cómo enfrentar este decreto? A lo interno no es mucho lo que puede hacerse porque la oposición ha fallado en alcanzar una unidad opositora en el nivel nacional; por el contrario, los intereses partidistas, económicos e ideológicos alejan más la posibilidad de una unidad nacional. A lo externo, sin embargo, las denuncias de la oposición y las garrafales “metidas de pata” del chavismo han tenido eco y repudio por parte de la comunidad internacional. 

Esto hace que el famélico mensaje de la oposición no tiene que ser probado porque de eso se ocupa, y muy eficientemente, el propio Gobierno. Antes la dictadura chavista compraba su aprobación internacional, ahora no tiene los recursos para  hacerlo  y, además, la comunidad internacional acepta menos la irracionalidad de su política exterior. Démosle a esa comunidad  las banderas de la oposición hasta que tengamos la capacidad de enarbolarlas nosotros mismos.