¿Hace falta un plan “B”?

Mires (Mires, 2016) , al tratar de analizar los posibles errores de la estrategia de la oposición política venezolana señala: que estos pueden sintetizarse en los  siguientes: “el primero dice que la acción política depende de la definición del régimen. El segundo: que la MUD está obligada a tener un plan “B” en el caso de que fracase el RR-16”. El primero fue costosamente practicado durante el fallido intento de activar el RR. La oposición creyó ingenuamente que una dictadura puede entregar democráticamente el poder. El Gobierno estuvo dispuesto a entregarlo todo excepto el poder; de ahí que lo más álgido del RR no giraba  en torno al contenido sino a la fecha de su realización. Más allá del 2016 el Gobierno se jugaba un cargo, dentro del 2016 el Gobierno se jugaba todos los cargos, es decir, el poder.

Con relación al segundo error, Mires lo percibe como una supuesta obligatoriedad de presentar un plan “B” (suerte de objetivos alternos) ante la posibilidad de que no se logren los objetivos principales. Posiblemente el planteamiento resulte en lo teórico y en lo general, pero si se contextualiza en la Venezuela de hoy  lo más probable es que no encontremos evidencias de planificación alguna. De hecho, en todo el período “revolucionario” tanto la democracia representativa como la dictadura sólo presentan un concierto de improvisaciones. Por eso  no es cierto que la oposición haya sido obligada, alguna vez, a tener como seguro resguardo un fulano plan B.

Lo que sí debería ser obligatorio para la oposición es la presencia de un protocolo que asegure a las decisiones tomadas por la oposición la consecución de los objetivos previstos. En vez de pensar en un naipe escondido “bajo la manga” debe considerarse, previamente,  la secuencia de acciones que establezcan la relevancia,  pertinencia, factibilidad (correlación entre lo deseable  y lo posible),  y la viabilidad. Algo parecido a los buenos ajedrecistas que conciben y practican, hasta por cinco pasos,  las jugadas que conduzcan al jaque mate del adversario; totalmente en contrario a los malos políticos de la MUD, que sólo llegan a percatarse de los efectos de sus decisiones mucho tiempo después de  cuando ya las estemos padeciendo.  

A partir de noviembre del año en curso la confrontación entre el oficialismo y la oposición se agudizará; ésta tendrá una gran oportunidad, ¿la última?, pues controlará el patio (la Constitución) y la bandera (el voto). En lo futuro es muy difícil concebir cambios constitucionales que no se concreten  en opciones electorales, y que no puedan ser manipulados por el Ejecutivo, el poder judicial (TSJ) y la misma MUD. Nos estamos refiriendo a los cambios constitucionales: Enmienda, Reforma Constitucional y Constituyente. Ninguno de estos procesos puede ser boicoteado por el Ejecutivo, el TSJ, ni la MUD porque la Constitución previó la posibilidad de que la propuesta de cambio pueda ser asumida como una responsabilidad de un porcentaje de los electores. Será la actuación de la democracia directa que supera a las instituciones ya citadas.

Lo anterior no evita que la dictadura se comporte como tal, en ese caso se la debe enfrentar como lo que es: una costosísima dictadura. Vale enfatizar, sin embargo, que el propósito político de los cambios es evitar que se repitan los entuertos tanto del oficialismo como de la oposición. Por ejemplo, los cambios con relación a las elecciones presidenciales deben considerar la no reelección presidencial y  y el balotaje; lo primero para “cortarle las patas” a los pichones de dictadores; y lo segundo para evitar que alguien pueda llegar a la presidencia sin tener un verdadero respaldo de las mayorías; y otras observaciones importantes podrían aducirse en lo que concierne al CNE, que no es imparcial y que es violatoria de la Constitución en lo que respecta a la proporcionalidad de los resultados electorales.

No hay que esperar al 2019 para preocuparse por estas cosas; de hecho, debimos comenzar ayer.  

Fernando Mires, Noticias Universitarias: “Dos errores”.csarvillarroel8

La Habana usurpadora

En algunas contiendas, por ejemplo el boxeo, suele utilizarse un tipo de juez que juzga pero cuyo veredicto no es vinculante. Este personaje se encarga de orientar el cumplimiento de los reglamentos y, en ocasiones, solicitar e  imponer sanciones cuando la transgresión de las reglas así lo ameriten. Todo esto para disminuir al máximo la posibilidad de parcializaciones y/o falta de equidad al dirimir el final de la contienda. Así, por ejemplo, la sede del  evento resulta crucial por la influencia que pueda generar un público cuando su equipo juegue localmente, lo que los futbolistas llaman el jugador Número 12; en estos casos se opta por elegir una sede neutral que garantice la idoneidad e imparcialidad de la contienda.

Lo anterior viene a cuento porque, a propósito del reciente plebiscito realizado en Colombia,  nos luce que en la contienda FARC vs Gobierno Colombiano el arbitraje de la contienda fue claramente parcializado a favor del grupo guerrillero. Veamos. El Gobierno de Colombia que debió representar al pueblo colombiano pero que al final solo le alcanzó para representar a un sector de ese pueblo y el ego de Santos quien, al igual que Ricardo III, estaba dispuesto a cambiar su reino por un caballo en el caso de Ricardo, y un Premio Nobel de la Paz en el caso Santos; y lo consiguió, aunque “chucuto”.  El obsequio de parlamentarios, por ejemplo, solo puede entenderse en el marco de un negociador que está dispuesto a darlo todo,  siempre que le aseguren el Nobel de la Paz.

En la selección de quienes deberían ser los más imparciales fue en donde se generaron las mayores iniquidades. Primero, se acordó como sede de las conversaciones a La Habana. ¿A cuenta de qué? Porque hasta ahora La Habana se ha convertido en el aliviadero “madre” de los diferentes grupos guerrilleros latinoamericanos, y, en consecuencia, no es la sede más idónea para convertirse en asiento de un proceso que exige una total neutralidad en su calidad de negociador. La Habana debió ser considerada la menos indicada porque su sesgo ha sido históricamente notorio. Solo una sede ideológicamente comprometida a favor de la guerrilla pudo aceptar sin chistar el “obsequio” de parlamentarios y la impunidad ante los delitos de lesa humanidad.

Con relación al anfitrión y el grupo de notables que se comprometieron a desbrozarle a Santos el camino hacia Oslo la parcialización no deja lugar a dudas. Raúl Castro es, dentro del espectro latinoamericano, lo más lejano a un demócrata y lo más cercano a una charada guerrillera. Mientras estuvo vivo Chávez no ocultó su admiración por la guerrilla. Declaró en pleno Congreso venezolano  la beligerancia de las FARC, y cuando  Raúl Reyes fue asesinado por las fuerzas colombianas dirigidos por Santos en calidad de Ministro de Defensa de Uribe, Chávez amenazó con movilizar tropas a pesar de que el más afectado había sido el Gobierno del Ecuador. Por cierto, Chávez no tuvo la oportunidad de pasar la factura correspondiente, ¿dejaría  el  encargo a su pupilo Maduro?; quien, ¿por casualidad?, formó parte de los garantes de los acuerdos.

Un balance muy somero perfila desde ya unos resultados posibles, aunque también se asoman algunas dificultades de esas que llaman de posiciones tomadas. Ya veremos. Por de pronto, Santos se salió con la suya no tanto por lo que hizo sino por lo que permitió. Se alzó con su Premio Nobel de la Paz, aunque bastante disminuido por las circunstancias. El premio se quedó en Colombia, pero el tufo también.  ¿Habrá nuevas conversaciones, o se continuará con las ya iniciadas y derrotadas? Por ahora habrá nuevos escenarios y protagonistas. Asoma Quito como nueva sede  y, por supuesto, Correa como anfitrión, ambos comprometidos ideológicamente con la FARC pero en situación muy distinta a la anterior: negociaciones diáfanas y públicas dado que Santos resultó un fiasco. 

Prorrogando la prórroga

Ante su incapacidad gubernativa, el Gobierno ha decidido gobernar por decreto, o mejor, recurrir al reconocimiento de la  excepcionalidad administrativa estatal cuando ésta amerite liberarse de la normativa que rige un campo específico de la administración pública  por un tiempo específico; para que el Ejecutivo no se encuentre atado al burocratismo en la solución del problema. Suele ocurrir, algunas veces,  que el tiempo previsto para solucionar el problema no es suficiente, razón por la cual se puede prorrogar el plazo previsto para cumplir la tarea encomendada.

La Revolución Bolivariana desde muy temprano explicitó su intención de construir una hegemonía política y administrativa con base no sólo en la excepcionalidad sino en la perpetuidad. Así como Lenin pidió todo el poder para los soviets, en la Venezuela del 2000 Chávez pidió todo el poder para él, y se lo dieron. Uno de los instrumentos que el caudillo utilizó para garantizarse esa hegemonía fue la gobernabilidad por decreto;  las misiones, las leyes habilitantes y la rutinización de la excepcionalidad se inscriben en este burladero de la norma. Así, se crearon las “misiones” para resolver un problema concreto (la exclusión y retardo educativo) pero cuya sustentabilidad estaba sujeta a nuevos fines y objetivos marcados por un sesgo ideológico,  como ocurriera con los proyectos educativos: José Félix Ribas y Gran Mariscal de Ayacucho y, por eso,  devinieron en proyectos permanentes y paralelos a la institucionalidad educacional prevista.

Otro tanto ocurrió con las prórrogas que convirtieron en permanentes los proyectos contenidos en las Leyes Habilitantes durante la gestión de Chávez y los decretos de excepción  durante la administración de Maduro. En ambos casos se abusó de la prórroga que convirtió en permanente lo que no debió pasar, en cada caso, en una prórroga de 60 días. En lo que concierne a la gestión de Chávez el tratamiento de las prórrogas fue abusivo pero contó con una Asamblea Nacional que le aplaudía la gracia; en cambio, en el caso de Maduro no sólo violó la normativa parlamentaria  sino la misma Constitución.

El Presidente Maduro ha prorrogado hasta por cuarta vez el Estado de Excepción y Emergencia Económica. ¿Es posible, legal y factible? En una dictadura sí, solo la MUD parece ignorar que padecemos una neo dictadura en las cuales estas lacras no sólo son posibles sino consustanciales a la misma, porque los encargados de administrar justicia (TSJ) les ha dado por interpretar la ley en beneficio del Ejecutivo. Si nos atenemos al concepto de prórroga manejado por Maduro y sus acólitos, Nicolás podría mantenerse en el poder todo el tiempo que quiera mediante una “prorrogitis” aguda que, según especulaciones, es lo que pretende el señor Presidente.

El rasgo más característico de la prórroga, sin embargo, es su temporalidad específica, es decir, su práctica, en un marco democrático,  no debe utilizarse para perpetuarse en el poder. Pero lo más dramático de estas prórrogas prorrogables del señor Maduro es que no sirven al propósito que los engendró; así, los últimos decretos de Excepción para mejorar la economía no han producido ni una medida que apunte en esa dirección. A menos que se acepte que el verdadero propósito de tales decretos sea el de hacerse del poder por medios fraudulentos.

Si este fuese el caso le sale a la oposición mucho trabajo por delante. Deben desde ya concebirse y comenzar a instrumentar una serie de reformas que no aceptan dilación ni excusa.  Es necesario modificar el sistema de elección presidencial pues es una de las causas por las cuales los gobernantes ocasionales llegan a convertirse en una incubadora de “pichones de dictadores” Así mismo, debe reformarse de inmediato el sistema de elecciones para asegurar, por ejemplo, el reconocimiento  de la representación de las minorías, mediante la aceptación de la proporcionalidad de los resultados electorales. Además, debe corregirse la ligereza con que fue tratada la independencia de poderes en una  Constitución que fue hecha para Chávez. 

Neo dictaduras seudo democráticas

Parece que en Latinoamérica  el sol de las dictaduras ha venido declinando. Quedan algunas de rancio abolengo cuyas prácticas no solo se mantienen sino que se pretenden justificar, como las cubanas (Castro I y Castro II). Sin embargo, otras de más reciente data como la de Erdogan y Maduro siguen fieles al legado de la dictadura militarista, y han resucitado la saga totalitaria, masacres mediante, el primero por exhibir y cacarear la masacre realizada, y el segundo por prometer emular al primero en ese aspecto, cuando se presente la oportunidad.

Otras dictaduras se disfrazan de democracias, como la de Putin en Europa, con solo pregonar su adhesión  a alguna característica democrática; por ejemplo,  la prueba irrefutable de su condición liberal  es, para algunos,  la práctica de elecciones periódicas que curiosamente siempre deben ser ganadas por el dictador de turno, manteniendo el principal propósito de toda dictadura: perpetuar en el poder a su líder. Son las neo dictaduras. En sus buenos tiempos Chávez exigió a sus  partidarios que, por escrito, renunciaran a la posibilidad de competir electoralmente contra  él. Quienes desoyeron el mensaje, como el general Isaías Baduel, todavía pagan prisión por ese desliz.    

Venezuela es una de esas neo dictaduras que compraron su membresía y pretendido carácter “democrático” a fuerza de petróleo y dólares; de hecho, no se le debe escamotear a Chávez la paternidad del modelo en Latinoamérica, lo que ha permitido un remanente neo dictatorial de gobiernos como el de Rafael Correa en el Ecuador; Ortega en Nicaragua; Evo Morales en Bolivia (frustrada); y Nicolás Maduro en Venezuela. Pero dos acontecimientos ensombrecieron en Latinoamérica la época dorada de las neo dictaduras: la muerte de Chávez y la caída de los precios del petróleo.  En América Latina las neo dictaduras están de regreso;  sólo dos países del grupo antes citado se resisten  a unas posibles reformas democráticas: Nicaragua y Venezuela; y de las dos es Venezuela la que está llevando la peor parte porque sus  conductores políticos se niegan, tozudamente, a rectificar.

La lucha contra la  neo dictadura venezolana, como con cualquier otra, pasa por enfrentarla con una unidad opositora que permita aislarla y, al mismo tiempo, nuclear a las diferentes fuerzas democráticas que la apoyan. Lamentablemente, en Venezuela la oposición está bastante lejos de ofrecer una unidad como la descrita y deseada. El liderazgo opositor parece no haber entendido que la dictadura no es sólo un grupo político más que compite con sus pares partidistas, sino el grupo político que toda democracia está obligada a enfrentar. El problema radica en que las neo dictaduras se disfrazan y guarecen en el cobijo democrático, aunque su accionar revele un comportamiento radicalmente distinto al de esta última. Venezuela es un caso emblemático de estas democracias postizas.

En el caso venezolano el guión seguido fue el siguiente: controlar los poderes públicos que ameritaban para su administración una total imparcialidad (AN, TSJ y CNE), especialmente la que concierne a la indeterminación  de la reelección presidencial;  y si ésta no se da de manera natural, entonces se recurrirá al soborno, chantaje, represión y cualquier otro mecanismo que permita mantener en el poder, reelección mediante, al pichón de dictador en ciernes.  El modelo no es nuevo ni único, en Asia lo practican con mucho fervor los gobernantes de Corea del Norte, Putin hace lo propio en Europa, y ya  hemos nombrado los especímenes suramericanos de ayer  y de hoy.

Con base en lo anterior es dable concluir que las principales batallas que deberán librarse en Venezuela en defensa de la democracia tendrán sus desafíos más importantes a lo interno del propio grupo opositor, al hacer que éste llame y considere a la dictadura como tal. De otro modo las fortalezas de las democracias resultarán ineficientes e ineficaces porque las dictaduras no respetan el juego democrático. Ejemplo, el 6-12 de 2015 se eligió una Asamblea Nacional que la oposición ganó con un 66% de los curules, pero que la dictadura rebanó y aporreó a su gusto sin que la oposición reaccionara. Ahora el oficialismo se burla de la oposición y la Constitución al retardar los lapsos para activar un revocatorio al Presidente Maduro. Es el momento de reaccionar. ¿Cómo? Enviando al Gobierno un ultimátum, que si es desatendido genere la rebeldía nacional y el desconocimiento del CNE, con base en el 350.

Pareciera que detrás de esta propuesta se esconde un propósito belicista. Nada que ver. No tenemos ni intenciones  ni medios para acariciar acciones de violencia; pero es la última oportunidad que tiene la AN para hacer respetar la Constitución. En la escaramuza política que se avecina debe quedar claro, nacional e internacionalmente, que si no se realiza el revocatorio en el 2016 es por culpa del Gobierno y de nadie más. Pueda que no se dé el revocatorio dentro de los lapsos previstos en la Constitución, pero se restaurará la independencia de uno de los poderes más importante: el Legislativo (AN). La opinión internacional sólo espera que la oposición venezolana fije la pauta; el pueblo de Venezuela también.

En el marco de las tácticas y estrategias es posible concebir un espacio de cohabitación entre ambas formas de gobierno, pero quedando claro que  el propósito fundamental e ineludible de cada uno es la transformación del otro, para lo cual es necesario un equilibrio de poderes.  Por eso, en la lucha contra un déspota es imprescindible contar con una unidad  a prueba de trácalas y dispuesta al sacrificio; que sin eufemismos ni medias tinta llame a las cosas por su nombre, pero con la inteligencia suficiente que amerita la tarea que se le ha encomendado. 

Transición en dos tiempos: unidad y cambio

En las filas de la oposición se ha aceptado que la llamada transición política se enmarque dentro de los parámetros de la unidad y el cambio; mas sin embargo, la unidad que se ha alcanzado no logra superar los acuerdos con toldas afines, como PJ y VP, y los cambios que se han sugerido e instrumentados no han podido sortear las alcabalas del TSJ. Mucho tememos que de seguir las cosas como van nos encontrará el 2018 con una oposición, el pedazo menor, “que se niega a retratarse con el otro” aduciendo en aquél  impureza ideológica y ausencia de pedigrí  revolucionario pero que en cambio aceptaría que el TSJ y CNE lleven de la mano a Maduro para ungir su reelección.

Con base en lo anterior, oposición y oficialismo parecen, desde el  7-12-2015, estar jugando a la “democracia en diferido”. Así, la oposición se ha limitado en el primer semestre del 2016 a diseñar y proponer iniciativas que sólo han llegado a ser eso: iniciativas, huérfanas de motivación,  concreción y logros,  como si fuera todavía muy temprano para ocuparnos y preocuparnos del acontecer democrático, es decir, la AN habría optado por diferir la democracia y libertad. Mientras el oficialismo, aprovechándose una vez más  del onanismo opositor, también ha decidido, TSJ y CNE mediantes,  diferir la derrota de diciembre de 2015 amparado en la perplejidad que el evento produjera, más en los victoriosos que en los derrotados.  El balance de estos diferimientos favoreció al oficialismo.

Nos imaginamos que en la oposición habrá propósito de enmienda y disposición al cambio; la cuestión es con quién y qué cambiar. La primera duda nos remite al problema de la unidad conformada ésta por un grupo de retazos que no quieren unirse sino que esperan que los demás se les unan, pretendiendo “derechos” adquiridos en contiendas pasadas. Así, el 6 de diciembre se contentaban “con algo”, pero el 7 eran los dueños del  66% de los diputados electos, excepto por los tres diputados de Amazonas que se dejaron escamotear.  Por su parte, los opositores  ideológicamente “puros” prefieren el naufragio definitivo de la democracia “antes  que empañar su reputación revolucionaria”. Los opositores deberían recordar que en sus enfrentamientos ninguno ganará; en la unidad  nacional, sin embargo, todos ganaremos. La primera y más importante batalla por la democracia se dará en los tiempos de la unidad.

Suponiendo que llegara a darse la unidad supra partido opositora,  y que pudiéramos decir con Andrés Eloy Blanco: “cómo sin haber dormido pudimos haber soñado”, la unidad opositora debería encarar dos agendas inaplazables, aunque una lo sea más que la otra: atacar las crisis económica (urgente) y judicial. Las dos deberían  atacarse desde  ahora aunque la inmediatez en el tratamiento lo exija lo económico.  Como lo diría el refrán: en lo adelante la AN deberá  simultáneamente”caminar  y masticar chicle” Los eventos más inmediatos en la lucha por la democracia y libertad (referendo revocatorio y elección de gobernadores) ameritan de una unidad nacional   ¿Y qué pasa si la oposición no logra concretar la unidad nacional? Se seguirá insistiendo, pero no en lo mismo ni con los mismos. Si no logramos cambiar el  Gobierno, entonces habrá que cambiar la MUD y los rebeldes sin causa. Cumplir las promesas será una realidad en los tiempos de cambios.

No a la polarización; Sí a la polarización

En la política venezolana es difícil encontrar un término que concite tanto rechazo como el de polarización. El término se ha satanizado a tal punto que tirios y troyanos han consensuado lo negativo del concepto. ¿Cuál polarización? La que insurgió a la sombra del maridaje de laboristas y conservadores en el Reino Unido; Republicanos y Demócratas en los Estados Unidos; la que campeaba en Venezuela (Acción Democrática y Copey) durante la Cuarta República; o la que llegaron  a disfrutar los partidos españoles (PP y Psoe) durante la era “posfranquista”, entre otras.  Esta polarización descarta los terceros que en los últimos tiempos presentan una no desdeñable fuerza electoral.

El principal efecto negativo de esta polarización  es que te obliga, “sin obligarte”, a jugar al monopolio de la política. Ese espacio sustantivo en donde los contendores supuestamente deben oponerse sin que nadie pierda aunque haya derrotas;  correspondiendo a los sectores progresistas y “revolucionarios” el papel del polo “bueno”; cuyo principal antecedente fueron las barras “jacobinas” que durante la Revolución Francesa expropiaron, se adjudicaron y monopolizaron las consignas supuestamente progresistas. Por eso son pocos los que pregonan su filiación conservadora, todos se proclaman progresistas,  aunque en los últimos tiempos están apareciendo los conservadores genuinos, sin caretas y sin pudor, a lo Donald Trump, pero sin cambiar las reglas del juego.

Para los países latinoamericanos esas reglas de juego están contenidas en la Carta Interamericana de Derechos Humanos que caracterizan la Democracia Representativa. En el artículo 3 se esbozan y sintetizan los principios y compromisos que deben acatar los Estados miembros: Respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; sujeción al estado de derecho; celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal; régimen plural de partidos y; separación e independencia de los poderes públicos. Se puede apreciar, sin mayor esfuerzo, que la polarización política partidista es contraria al juego democrático, por eso debe decírsele NO a esta polarización.

Cuando los países insurgen  contra estos principios y compromisos se colocan al margen del sistema democrático; primero en un tímido desacato de las leyes  y, especialmente, de su respectiva  Constitución mediante un despotismo que al agudizarse se puede convertir en un ejercicio autoritario hasta alcanzar la práctica y estatus de pleno desacato de principios y leyes, es decir, de Dictadura. Dos ejemplos bastarán para corroborar lo expresado en dos de esos países. Uno es Nicaragua que ante la proximidad (noviembre de 2016) de unas elecciones presidenciales ha decidido eliminar de la contienda al único partido de oposición que participaría. ¿Qué nos importa? Nada, pero por si acaso la MUD debería “poner sus barbas en remojo”. El otro ejemplo nos lo proporciona el señor Maduro (Presidente de Venezuela) quien exclamó (el 1-7-2016) lo siguiente: ¡Asamblea Nacional prepárate para despedirte de la historia que tu hora  va a llegar! Que casualidad, la misma AN que derrotó ampliamente a Maduro el 7-12-2015.  

Para combatir esta plaga populista en América Latina es menester una unidad intransigente, aunque no tozuda, que  trascienda la individualidad partidista. En otras palabras, una unidad que polarice la lucha contra la dictadura. Con la democracia todo; con la dictadura nada; de ahí el título de este artículo aparentemente contradictorio: NO a la polarización; SI a la polarización. Por ahora, frente a la dictadura que nos agobia, es necesario que táctica y estratégicamente activemos la polarización “buena” porque es la única que en un plazo más inmediato nos pueda devolver  la libertad.    

¿Estado fallido, u oposición fallida?

La contienda política venezolana ha sido caracterizada como una polarización entre el oficialismo y la oposición; el primero como un gobierno fuerte que conquista lo que quiere,  y el segundo como una institución débil que obtiene y tiene lo que el primero quiera darle. Sincerando los conceptos, en nuestra opinión la polarización venezolana no refleja el enfrentamiento entre una dictadura y una democracia, porque un espectro político, la oposición, no reconoce todavía la existencia de la dictadura y actúa en consecuencia. Así, la democracia juega el papel que todas las seudo democracias practican: ceder al chantaje del militarismo sin uniforme, aunque sí con guayabera. En una dictadura la democracia está obligada a enfrentarla, incluso en el nivel de desconocimiento como lo exige el artículo 350 de nuestra Constitución.

Según el DRAE, algo es fallido cuando es “frustrado y sin efecto”, en consecuencia, calificar como fallido al Estado venezolano supone atribuir a éste el alejamiento del ejercicio responsable que caracteriza a una política democrática. Pero qué pasa cuando se transita por una dictadura que, además, desde ya se nos vende como una realidad que “llegó para quedarse”. Un Estado dictatorial no le puede fallar a una democracia, so pena de incurrir en una flagrante contradicción. Por lo contrario, una oposición que pretenda cohabitar con una dictadura le está fallando a su contexto socio político natural: la Democracia. De ahí el título de este artículo, porque la dictadura criolla no le ha fallado a nadie; en cambio,  la oposición venezolana  nos ha fallado a todos  y en todo, es decir, es una oposición fallida.

Una oposición que pretenda restaurar la democracia debería, en nuestra opinión, polarizarla. O se está con la democracia o con la dictadura; no caben  “medias tintas” La oposición venezolana ha elegido la cohabitación y, por eso, el devenir oposicionista de nuestra política se ha convertido en un rosario de oportunidades fallidas. Si se quiere rescatar la democracia es ineludible confrontar y derrotar la dictadura. ¿Cómo? Polarizando la contienda y admitiendo sólo dos bandos: Democracia y Dictadura. Para los demócratas, no importa si de izquierdas o derechas, lo que está planteado es derrotar la dictadura mediante la organización y acciones pertinentes. Nunca como ahora es imprescindible la unidad, la verdadera, la que es capaz de renunciar  a liderazgos pendejos y ambiciones agalludas.

Confrontar políticamente una dictadura supone, a más de una unidad opositora verdadera, el ejercicio inteligente y valiente de los postulados democráticos porque la dictadura jamás aceptará la derrota política y en buena ley. El comportamiento actual del TSJ, al servicio de la dictadura, es la prueba más fehaciente de lo que expresamos en el párrafo anterior. En este sentido el TSJ se ha permitido eliminar,  de hecho, a la Asamblea Nacional mediante la permanente violación de la Constitución. ¿Pudo evitarse tal situación? Sí, pero con una oposición diferente; una que pueda ceder a la fuerza de la dictadura, pero jamás a la impunidad cómplice de una sumisa AN.

La AN, con el respaldo de los votantes que los llevaron al parlamento, debería iniciar el proceso de reformar la Constitución. Lo peor que le puede ocurrir a la poca democracia que nos queda, es arribar al 2018 con el mismo andamiaje jurídico y mafioso que todavía padecemos; la no reelección presidencial; el adecentamiento del TSJ; un CNE que se atenga a su condición de árbitro; la inclusión del  balotaje en la elección presidencial, son todas, entre otras, medidas que deberán tomarse antes del 2018. Para esto no se necesita permiso del TSJ, sino restearse contra la impunidad.