AN: inexplicable e inaceptable

En efecto, después de la  apoteósica victoria de la oposición en las elecciones de la AN (7-12-2015) la nueva  Asamblea Nacional ha tenido un comportamiento inexplicable e inaceptable. Lo primero porque no hay explicación para que el nuevo poder haga mutis después de haber triunfado con una ventaja superior al 66%; tanto, que se dejó robar (inhabilitar) con total impunidad  la mayoría calificada que la oposición había obtenido en las urnas. De ahí en lo adelante, todas las iniciativas de la AN han sido bloqueadas con éxito por parte del TSJ, poder sumiso ante el soborno y la represión. Lo inexplicable no es la violación de la ley, al fin y al cabo padecemos una dictadura, sino la impunidad con la que se actúa y la oposición lo permite.

Y es que la nueva asamblea es la responsable de la impunidad que estamos registrando y comentando.  Es cierto que no es fácil enfrentar una dictadura que no sólo está apoyada por las armas de los militares, sino por grupos de la delincuencia organizada, pero la calle y los organismos internacionales siguen siendo espacios válidos para la protesta, como ocurre con la gestión de Almagro, quien protesta más que la MUD;  y el abandono  de la calle y de los millones de votantes  que se creyeron  que las dictaduras pueden ser académicas.  Se trata de aislar y desenmascarar la dictadura, para después derrotarla.

 En la situación actual la nueva AN no es capaz de protestar nada.  ¿Qué sentido tiene, entonces, que los opositores defiendan leyes y decisiones que luego el  TSJ va a objetar impunemente? Mejor sería no tomar la decisión que seguir desacreditando a la AN con su inacción La situación actual me recuerda a un personaje del  Carúpano de mi niñez quien, ante situaciones no creíbles por lo inexplicable, solía acuñar el estribillo de “Ta puteao”. La nueva asamblea también  está puteada por su falta de credibilidad.

Su accionar es inaceptable, porque la aceptación de tal política supone la permisividad de la actuación dictatorial. Aceptar calladamente los abusos del TSJ que, en realidad, se le endilgan a este tribunal aunque  el  verdadero responsable es el Ejecutivo, porque aquel  es un adlátere de éste ya que no existe en Venezuela la separación o independencia de poderes.  Si se continúa por esta vía, y de este modo, será el TSJ el que decida el control de cualquier proceso electoral que en lo futuro se active en el país, y no valdrá caudal de votos ni de buenos candidatos, porque la dictadura para entronizarse no necesita de mayorías sino de falta de escrúpulos.

La oposición de la  nueva AN si tiene posibilidad de enfrentar con éxito la dictadura chavista, pero debe hacerlo con base en inteligencia y coraje. Lo primero supone el control de las apetencias partidistas y el uso habilidoso del manejo de sus fortalezas; lo segundo, enfrentarse a quienes desde el Psuv y de la MUD boicotean los esfuerzos unitarios al afanarse en la búsqueda de líderes en lugar de un liderazgo unitario.

Todavía la oposición no ha jugado sus mejores cartas;  su diputado No.  113 está listo pero no lo han dejado  y ,  por eso, no ha podido llegar a la calle que es  donde debería estar, aunque no cuenta, aún, con planes que revelen la presencia de tácticas y estrategias que aseguren su eficiencia y eficacia. Más temprano que tarde habrá un enfrentamiento entre  las  fuerzas democráticas y las dictatoriales y tendrá que concluirse que a la democracia, para llegar a ser tal, no le bastaría con una legitimidad de origen sino que sería necesario, y a lo mejor indispensable,  una legitimidad de desempeño. Como reza el refrán castizo: Para hacer tortilla, hay que romper huevos.

¡Despacio, que tenemos prisa!

El título de este artículo parafrasea una sentencia atribuida a Camilo Cienfuegos durante los inicios de la revolución cubana quien advertía así, a sus ayudantes, que lo importante, como lo establece también la conocida ranchera mexicana, es que “no hay que llegar primero sino hay que saber llegar” Toda esta abundancia de parafraseos  viene a cuento porque  pareciera que al comportamiento de la oposición, después del 7-12-2015, les caben todos ellos pues su accionar se ha varado por el pertinaz abuso del TSJ sin que la AN haya podido, ¿o querido?, dar una respuesta adecuada a los desafíos y desmanes del alto tribunal. Mientras la nave democrática continúe varada será imposible llevarla a puerto, ya sea éste bueno o malo.

En efecto, las iniciativas de la AN lucen improvisadas aunque, curiosamente, todas terminan en un déjà vu  adelantado pues ya es sabido que el TSJ terminará por rechazar al estilo de las letras de cambio, sin aviso y sin protesto,  todo lo que proponga la Asamblea; dicho de otro modo, Venezuela padece la dictadura judicial del TSJ quien sólo admite por encima de él al jefe del Gobierno. Frente a este panorama dictatorial la AN luce desconcertada y no atina a mellar la dictadura. Una confrontación no sería prudente ni pragmática, una espera onanística tampoco. En nuestra opinión se impone que la oposición deje de improvisar y priorice el desenmascarar y aislar la dictadura.

En el cumplimiento de este propósito la oposición solo cuenta con dos aliados: el caudal de votantes que derrotó al oficialismo el 6-12-2015, y el grupo de naciones, especialmente latinoamericanas, que ya no creen en la miseria digna, sobre todo cuando no hay ejemplos que seguir.  Estos apoyos están por encima del TSJ porque sus actuaciones no dependen exclusivamente de éste. La solicitud de consultas puede convertirse en el mecanismo de democracia directa. Por ejemplo, es inaudito que la oposición todavía no haya presentado un plan de emergencia económica y que el mismo, ante un eventual desacuerdo entre Gobierno y oposición se someta a consideración de los ciudadanos por vía plebiscitaria. Una situación similar puede presentarse con relación a la Ley de Amnistía, y dejar que sean los ciudadanos los que decidamos al respecto.

Si se puede luchar contra la dictadura chavista, pero hay que hacerlo con prudencia e inteligencia. Por ejemplo, la AN puede emprender desde ya la reforma de la ley electoral por lo menos en tres aspectos claves: la eliminación, parcial o absoluta, de la reelección presidencial; implantación del sistema de balotaje;  y la proporcionalidad de los resultados electorales. De ese modo las posibles dictaduras de corte chavista tendrían menos posibilidades de cuajar, aunque al final siempre habrá una confrontación, pero entre dictadura y democracia. El régimen luce cansado y desorientado; no oxigenemos y retardemos su caída con nuestra errática improvisación.  

Poderes venezolanos: ni equilibrados ni alternativos

Nos referimos en el título a dos de los principios que son más caros a la tipificación democrática de una forma de gobierno: el equilibrio de poderes y la alternabilidad de los gobernantes, y que en el caso venezolano “brillan por su ausencia”. La vulneración de cualquiera de los mismos implica la presencia de dictaduras seudo jurídicas y de fuerza incompatibles con la presencia de estados soberanos. ¿Cómo es posible que no existan dudas acerca de la existencia de los anti valores y, sin embargo, los grupos llamados democráticos no muevan lo conducente para su cuestionamiento o erradicación? Aventuremos algunas hipótesis.

El equilibrio de poderes sancionado por toda Constitución democrática (Monstesquieu y) devino en Venezuela en ser cuestionado y tácitamente rechazado, nada más y nada menos que por quien, para entonces, era Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la ex magistrada Morales. Eso le permitió al  citado tribunal desconocer los resultados electorales para elegir a la Asamblea Nacional (equivalente en otras legislaciones al Congreso de la República) mediante el subterfugio de interpretar como superior todo lo que le venga en gana, a este tribunal en comandita con el Ejecutivo. Mayor desequilibrio de poderes no es posible, así como tampoco lo es el mayor abuso que un Estado pueda esgrimir contra la Constitución y la Democracia.  La práctica del poder Judicial venezolano (TSJ) niega cualquier pretensión de equilibrio y decencia.

El principio de alternabilidad en una democracia cobra su mayor relevancia con el cambio de jefe del gobierno por la vía electoral; los mecanismos de pulcritud, respeto y apego a la ley electoral, así como el uso comedido y no ventajista del poder para fines electorales, deben destacar el talante probo y recto de un  candidato presidencial demócrata. La doctrina chavista impuso y demostró lo contrario. La Constitución de 1999 deroga el principio de alternabilidad presidencial para que, mediante el ventajismo electoral sólo Chávez pudiese ganar. Período presidencial aumentado a seis años, con reelección hasta por un período más, y un intento de aumentar un año más (7) al período presidencial en la reforma que intentó fallidamente durante 2007. Inauguró así la política de perpetuarse en el poder mediante la fuerza del billete que solo la muerte logró interrumpir. La alternabilidad hecha añicos.

No aparece haber dudas acerca de la ausencia de poderes equilibrados concebidos y plasmados en la Constitución venezolana; pero la reacción de los sectores democráticos no ha sido acorde con la gravedad de la violación a la Carta Magna;  tanto más si la misma Constitución señala mediante el artículo 350 la vía que debe seguirse para enfrentar tal desafuero: “El pueblo de Venezuela…desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”  Entonces, ¿por qué se  soporta, impunemente,  esta dictadura? Hay varias razones, pero la más impactante después de la elección del 6-D, sería la desacertada política de los opositores al régimen quienes no han sabido lidiar con el abuso de los oficialistas, amparados, a su vez,  en el abuso superior del TSJ. Pareciera que la oposición ya no necesita ni de la unidad ni de la inteligencia. Mas, si tiene que acatar hágalo bajo protesta; y si tiene que marchar que ésta siempre mayor a la última realizada.

El grupo escuálido del oficialismo le metió las cabras en el corral a la mayoría opositora. Y lo pudo hacer porque la oposición no respondió adecuadamente a los desmanes del oficialismo.  Nadie está pidiendo otra salida ni otra guarimba, esas van a salir pero organizadas por los mismos sectores oficialistas; pero si se pide que los desmanes de los oficialistas sean denunciados y ventilados ante los organismos internacionales. Se argumenta que la oposición no debe ser beligerante porque lo importante es ganar tiempo para sacarlos a punto de votos; lo que la MUD no ha considerado es que de aquí en lo adelante, en cualquier contienda electoral quien contará los votos será el TSJ; y que en una hipotética elección presidencial de un 2019 la oposición debe llegar fuerte (unida) y en igualdad de condiciones que disminuyan en la oposición los efectos negativos del ventajismo electoral al que ya hemos estado sometidos.  Esta pelea no la ganaremos durante el 2019, sino en el mientras tanto de hoy y de mañana.   

El cambio es imprescindible

El cambio político y económico es imprescindible si se considera necesario y urgente abrir una ventana hacia la búsqueda de posibles soluciones a la crisis que nos agobia. Esto parece una verdad de “Perogrullo”, sin embargo, cuando se analizan las medidas que el Ejecutivo ha venido instrumentando para enfrentarla encontramos que el discurso va dirigido a justificar lo injustificable, ya sea por la vía de atribuirle a los opositores al régimen todas las culpas posibles, y a los bajos precios del barril de petróleo la causa de nuestra ruina. Se olvida que el máximo culpable es el difunto líder de la revolución, y que los precios bajos del petróleo no son la causa de la crisis, sino los precios altos mal administrados.

El manejo populista que los políticos venezolanos han hecho de la renta petrolera durante el chavismo semeja una de esas películas famosas que se proyectaron primero en  blanco y negro y, después ante el avance tecnológico, se proyectaron a todo color. Durante el socialismo siglo XXI, la película sobre el rentismo petrolero fue proyectada dos veces pero alterando el orden tecnológico: primero la parte a color proyectada y vivida durante los tres primeros lustros de la era chavista, y ahora la versión en blanco y negro que actualmente se está proyectando. No se está cambiando de película sino comenzado a conocer y padecer la versión oscura del film. Por eso solo se puede aceptar como una burla o tozudez del Ejecutivo la pretensión de que el tratamiento de la crisis implique el uso y justificación de los elementos que la engendraron. Si quieres un cambio tienes que  cambiar pero, ¿se querrá el cambio?

¿Cómo se reconoce la presencia del cambio? Cuando esté acompañado de lo distinto; o como dijo Einstein: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”  En la Venezuela de hoy, es decir, la que arrastra la peor crisis socioeconómica de toda su historia pareciera que hay consenso con relación a la necesidad de un cambio para enfrentar la crisis, pero no existe el mismo consenso con relación a lo que gobierno y oposición entienden por cambio. Para la oposición el cambio supone descontinuar la política socioeconómica que se viene desarrollando, aunque todavía no se esté muy claro en cuanto a la orientación que debe tener ni a su posible efectividad. Lo primero es el cambio, después hay que hacerlo eficiente.

Por su parte, el oficialismo considera que el cambio supone la adopción de una serie de medidas que, recordando a Maquiavelo, cambian lo accesorio para que nada cambie en lo sustancial. Pero en la postura  del oficialismo se especula que su posición sobre el cambio es casi a título personal, es decir, este cambio ficticio no es respaldado por el Gobierno, ni siquiera por el Ejecutivo, sino por Maduro, ya sea que el jefe de Estado esté convencido de la validez de su posición o, como se especula, por ser objeto de presiones de sectores radicales que no lo dejan tomar la dirección correcta. En todo caso,  pareciera que la posibilidad de acompañar al cambio en la atención a la crisis pasa por salir del señor Maduro, lo cual no significa, necesariamente, un cambio de Gobierno.

La presencia de Maduro en el Gobierno es lo que impide que Gobierno y oposición se acuerden en un programa conjunto que ataque de inmediato el problema económico y,  paulatinamente, que rescate los elementos de la fisonomía democrática que han sido distorsionados. Esto puede hacerse sin que ninguno de los sectores pierda, por ahora, su respectiva condición de Gobierno y oposición.

¿Se puede frenar el desmadre económico?

Gobierno y oposición continúan en lo mismo… y con los mismos. Lo primero que resalta es la paradoja de pregonar la necesidad y urgencia de, por ejemplo, frenar la inflación y, sin embargo, no mover ni un ápice en esa dirección. Así, el Gobierno cacarea viejas medidas para atacar la inflación que fueron y son  las causantes  de la debacle económica (control de cambio híper inflacionario) y el desarrollo desmedido y descarado de la corrupción. Todo lo malo que se ha hecho en la economía del socialismo siglo XXI no solo se mantiene a pesar de las protestas de cambio, sino que se reivindica.

A la oposición, por su parte,  se le olvidó que entre sus prioridades electorales figuraba la necesidad de transformar el actual modelo económico, habida cuenta que éste aparecía como el principal responsable de la justificación “teórica” del ya mencionado desmadre. Pues bien, a tres meses de haberse proclamado en la AN la derrota del oficialismo, todavía no aparece ni un proyecto, ni una idea, ni siquiera una señal del sector opositor de cómo lidiar con esta prioridad. En su lugar, las baterías se han centrado en un cambio de Presidente que presenta un menú multivariado e inclusivo de acciones que privilegian cómo salir de una dictadura enarbolando las banderas de la democracia. ¿Ingenuidad o bolsería?

El cambio en lo económico precede al político, y está sujeto a dos condicionantes: debe ser realizado en conjunto por Gobierno y oposición, y debe significar un verdadero cambio, es decir, no puede ser igual a lo que se ha aplicado y desarrollado en materia económica durante los últimos años. En este sentido, Gobierno y oposición están “obligados” a concebir y diseñar sus planes de cambio y a confrontarlos para acordarse en las áreas y propuestas comunes. Esto no implicaría cambio de Gobierno,  excepto cuando éste pretenda rechazar u oponerse a lo acordado. En ese caso la oposición debería invocar los artículos constitucionales que por vía de excepción defiendan los valores, principios y garantías democráticas y los derechos humanos como se establece en el articulado de la Carta Magna.

En la Venezuela de hoy, altamente polarizada y con visos de totalitarismo dictatorial, es necesario recurrir a la democracia directa,  es decir, al pueblo soberano que es el único que puede estar por encima de tribunales corruptos como el TSJ. El desmadre económico nos afecta, aunque no por igual, a tirios y troyanos; por eso es necesario que sea confrontado por tirios y troyanos. Sin embargo, el Gobierno que es de los actores en vida uno  de los principales responsables de la crisis, no solo sigue empeñado en desconocer su responsabilidad en la misma sino que pretende reivindicar el desmadre económico que nos agobia.   

Si el Gobierno mantiene su tozudez, entonces a la oposición no le queda otro recurso que desconocerlo mediante la activación del artículo 350 de la Constitución que reza: “El pueblo de Venezuela …desconocerá a cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe, los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos” .  El 350 tiene pertinencia y validez cuando se apoya en una mayoría popular que se manifiesta en una certificación plebiscitaria. En el caso venezolano estaría dada por la rotunda exhibición de mayoría que el pueblo diera durante la elección de la nueva AN (6-12-2015) así como la incipiente pero progresivo respaldo  internacional. De este modo, el desmadre económico sería revertido por Fuenteovejuna.

¿Mayoría parlamentaria para qué?

El triunfo de la oposición durante las elecciones del 6-12-2015 fue sobrevenido y, afortunadamente,   más que bienvenido, pues se consideraba que se había generado una trinchera desde la cual se podría luchar contra la hegemonía oficialista con cierta probabilidad de éxito, ya que si bien la mayoría de los poderes estaban conculcados, excepto el Legislativo, este último había conquistado al soberano, es decir, al pueblo ( más de siete millones y medio de votantes) que rechazó, sin ningún género de dudas, la gestión de Nicolás Maduro. Pero he aquí que desde su proclamación la nueva AN, mayoritariamente opositora,  no ha luchado con nadie ni contra  nadie porque su principal arma (votantes del 6-12-2015) ha sido  “engavetada”.

Se suponía que en esa hipotética lucha se establecerían prioridades cuyo tratamiento y éxito no dependieran exclusivamente de lo que acuerden las dictaduras del  Ejecutivo y el TSJ. En este sentido proponemos dos prioridades urgentísimas: una  que atienda lo del modelo económico, y la otra que se ocupe de rescatar la poca democracia que todavía perdura en emporios antidemocráticos como el Ejecutivo, TSJ y CNE. Esto no significa que se posponen materias y asuntos considerados importantes por la AN como la Ley de Amnistía o el otorgamiento de titularidad a los propietarios de viviendas entregadas por el Gobierno, esos asuntos se seguirían atendiendo,  pero la prioridad en la atención  debe tenerla la lucha contra los atropellos del TSJ y la búsqueda, ¡ya!, de un modelo alternativo para el cambio económico.

La AN tiene que proponer al pueblo y al Gobierno un plan de contingencia económica que debería ser acordado y desarrollado por pueblo y Gobierno; y que en el caso de que no haya acuerdo se someta a consideración de un referéndum popular. No se le debe permitir al Gobierno, y mucho menos a Nicolás Maduro, que para enfrentar la crisis económica se esgriman las mismas medidas que las generaron. En caso de ser necesario se debería recurrir a lo establecido en la Constitución: art. 350. Con relación al comportamiento antidemocrático  y anticonstitucional del TSJ la AN debe denunciarlas y, apoyándose en el respaldo popular, salir a la calle y ventilar la denuncia  en  los planos nacional e internacional.

La consulta al ciudadano no depende de la aceptación del Ejecutivo, en otras palabras, la activación de la calle, en un sistema democrático, no está sujeta al parecer del gobernante de turno sino a la gravedad de la situación. Si ante una política fracasada el gobernante insiste en reiterarla, pareciera llegado el momento de cambiar de política y de gobernante, que no de Gobierno. Para esto el liderazgo soberano  debe estar atento a las señales que indiquen la necesidad de “patear” la calle. Por ejemplo, el robo a la MUD de los diputados de Amazona, dictadura mediante, tenía que acatarse pero “no dejarlo pasar por debajo de la mesa”. Otro tanto habría que decir del “cheque en blanco” para dirigir la economía, aunque en este caso la MUD ganó el premio a la ingenuidad parlamentaria. De todos modos el TSJ lo iba a hacer, pero no hay que ponérsela “bombita”.

En un gobierno autoritario y despótico es fácil encontrar en el día a día motivos para ejercitar el músculo de la democracia de calle; por ejemplo, ¿cómo es posible que se haya aumentado el precio de la gasolina y la oposición no se haya pronunciado, pública y de manera vehemente, sobre el subsidio a Petrocaribe y las regalías a los hermanos Castro?; o que el Decreto de Emergencia Económica tenga la duración que le plazca al señor Maduro. En otras palabras señores opositores, su papel principal es el de hacer que se descubra el carácter dictatorial de este régimen; que los ilícitos administrativas de este Gobierno no puedan cobijarse debajo del ropaje de trasnochadas argucias leguleyas. No aprobar tales argucias, aunque, por ahora, se tengan que acatar bajo protesta; porque siempre habrá alguien en la calle que les recordará que somos un pueblo sometido por una desvergonzada dictadura.

¿Más de 7. 700. 000 jarrones chinos?

Antes de las elecciones del 6-D (2015) las expectativas de la oposición eran muy modestas; en el mejor de los casos la MUD podría ganar la contienda, pero “en forma muy apretada” y, sin embargo, sobraban planes y proyectos en dos direcciones: el rescate (en lo mediato) del sistema democrático, y el abordaje (en lo inmediato) de los problemas que han hecho colapsar nuestra economía. Se realizaron los comicios en diciembre y sus resultados mostraron una realidad sobrevenida que evidenció un triunfo apoteósico del sector opositor pero que la MUD no ha sabido manejar pues, hasta ahora, los propósitos básicos de una nueva AN (rescate de la democracia y cambio urgente del modelo económico) no ha recibido atención prioritaria; por el contrario el oficialismo ha arropado a la oposición nulificando su eficiencia y eficacia.

¿Ha podido el sector opositor, a las primeras de cambio,  actuar de manera distinta? Sí. El Gobierno decidió convertir al TSJ en alcahuete mayor de sus sinvergüenzuras, lo que no puede evitarse, por ahora, porque nos enfrentamos a una dictadura que nos obliga a acatar sus dictámenes pero no su impunidad. Cuando el TSJ decidió quitarle tres diputados a la oposición, ésta tenía que acatarlo pero denunciando nacional e internacionalmente el verdadero motivo de esta medida: preservarle a Maduro una prerrogativa que desaparecía si la oposición hubiese contabilizado como ganancia las dos terceras partes de los votantes, suficientes para revocar el mandato de Maduro. Eso no solo hay que decirlo sino gritarlo para sincerar las cosas. Esa derrota de Maduro tiene, y siempre tendrá, tufo a puntapié electoral.

¿Porqué en las primeras confrontaciones la oposición lució tan desvalida? Porque ha equivocado su compromiso y sus fortalezas. El compromiso no es solo con el país, sino, principalmente, con los más de siete millones de votantes que consideraron que el modelo económico debía cambiar, y que hoy miran y sienten que son jarrones chinos, es decir, instrumentos inocuos que no cumplen ninguna función o propósito. El equívoco por parte de los opositores es creer que el proceso electoral termina cuando la señora de siempre proclama que los resultados son irreversibles, no, el proceso nunca  termina porque los resultados de una elección siempre deberían convertirse en un sistema de hipótesis a ser corroboradas en la acción planificada. Eso es lo que debería ser el principal propósito de los resultados electorales del 6-D: planificar el cambio inmediato hacia un nuevo modelo económico.

La urgencia de la AN debe estar signada por la atención y consideración del problema económico, para esto no se necesita el permiso del Ejecutivo porque no se pretende crear leyes, sino someter a la consideración del electorado (tanto de los siete millones opositores como de los cinco millones del sector oficial) una propuesta de acuerdo sobre el tratamiento de urgencia que debe dársele a nuestra colapsada economía. Un acuerdo sobre cosas concretas; por ejemplo, ¿quién es el responsable de mantener un dólar a 6,30? Si Maduro es quien decide su permanencia, entonces que le explique públicamente al país las razones de tal medida. Y así como esa hay una serie de medidas puntuales que no definirán la política económica del país porque eso se resolverá durante la próxima contienda presidencial, pero que ayudarán a frenar la crisis. Y, ¿qué pasa si tirios y troyanos no se ponen de acuerdo? Entonces habrá que consultar al soberano como lo establece la Constitución.