Mortales, letales y mortíferas son, según la historia y el diccionario, los
tipos de armas que cualquier dictadura que se precie ha usado siempre para
enfrentar las protestas que se atrevan a manifestar en su contra. Parece ser también
la intención del Gobierno al aprobar un decreto (Resolución 008610)
con fecha 27/01/2015 en el que establece “el uso de la fuerza potencialmente
mortal, bien por el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal” para
evitar los desórdenes. Que en Venezuela se hayan usado armas de fuego para
reprimir manifestaciones, aunque la Constitución lo rechace, no es una novedad;
lo nuevo reside en la pretensión de que se
legalice la figura y que se estrene su práctica durante el año en curso.
El propósito de esta medida es el de intimidar a los eventuales (casi
seguros) manifestantes durante la campaña electoral del 2015, habida cuenta que
el desastre gubernamental, saqueo y ruina del país, es de tal magnitud que
resultará muy difícil que los grupos más afectados negativamente no se vuelquen
a las calles para hacer oír su voz de protesta. La protesta no es una opción,
su naturaleza sí. Dependerá de la forma como sea concebida y tratada por la
oposición y el Gobierno. Una protesta concebida y organizada en el contexto de
la norma democrática respetará el derecho de la oposición que le niega el
alcalde Jorge Rodríguez, pero también el del Gobierno a no ser provocado por guarimberos.
El fracaso del Gobierno lo obliga a la represión desmedida, por eso se ha
venido preparando para una guerra contra los posibles manifestantes. Necesita
que en la llamada “unión cívico militar” los militares, milicianos y colectivos
asuman el control legal de la represión, es decir, pasen del ilegal ensuciarse
las manos, a la “legal”, mortal, letal, y mortífera represión alcahueteada.
Así, cuando en el futuro se quiera condenar internacionalmente los muertos que
pudiera generar la aplicación de este decreto, el Gobierno siempre podrá
recurrir a su justificación porque estaría “respaldado” por un decreto ley y el
concurso de sus propias fuerzas armadas,
colectivos y milicianos.
Regular el uso de la fuerza y violencia en las manifestaciones es imprescindible; regulación que debería
considerar los derechos de los actores principales: gobierno y oposición. Un
gobierno democrático respetuoso de la Constitución debe, en esta materia, ser
lo más ecuánime posible. Por ejemplo, extender una guaya para decapitar a un
motorizado oficialista debe generar el mismo repudio y sanción que desfigurar
el rostro y la existencia de una joven opositora con un disparo de escopeta de
perdigones disparada a centímetros de distancia; mas, ambos crímenes no
recibieron el mismo trato, y casos similares en la Venezuela de hoy no lo
recibirán porque en nuestro país se vive una democracia desvirtuada y una
justicia sesgada que cada día hace más mérito para ser calificada de dictadura.
Las llamadas neo dictaduras que han comenzado a proliferar a partir de la
revolución chavista suelen esconderse detrás del cliché electoralista y el
principio de la no intervención; de este modo tratan de reivindicar una
supuesta democracia verdadera en contraposición a la formal, representativa e
imperfecta que, hasta ahora, nos ha cobijado políticamente. Es lo mismo que
hace Cuba cuando pretende, con toda desfachatez, que se le considere una
democracia porque así lo establece su Constitución, aunque el gobierno dispense
a sus nacionales un trato despótico y dictatorial.
¿Cómo enfrentar este decreto? A lo interno no es mucho
lo que puede hacerse porque la oposición ha fallado en alcanzar una unidad
opositora en el nivel nacional; por el contrario, los intereses partidistas,
económicos e ideológicos alejan más la posibilidad de una unidad nacional. A lo
externo, sin embargo, las denuncias de la oposición y las garrafales “metidas
de pata” del chavismo han tenido eco y repudio por parte de la comunidad
internacional.
Esto hace que el famélico mensaje de la oposición no tiene que
ser probado porque de eso se ocupa, y muy eficientemente, el propio Gobierno.
Antes la dictadura chavista compraba su aprobación internacional, ahora no
tiene los recursos para hacerlo y, además, la comunidad internacional acepta
menos la irracionalidad de su política exterior. Démosle a esa comunidad las banderas de la oposición hasta que
tengamos la capacidad de enarbolarlas nosotros mismos.
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