Cuando el Gobierno comenzó su cruzada contra la corrupción lo primero que
pensamos fue en un alarde de cinismo pues está generalizada la creencia de que
este Gobierno ha sido uno de los más corruptos
de los últimos años; pero, si el asunto es en serio, y sin propósitos ocultos, al alto
gobierno no le queda otra que emular a Campo Elías, aquel español que durante
la independencia abrazó la causa patriota, y que para evitar dudas al respecto
proclamaba (según Eduardo Blanco y su Venezuela
Heroica) que mataría a todos los españoles con quienes se encontrara y que, cuando sólo quedara él, se suicidaría para
erradicar la plaga. ¿Se imaginan a los jerarcas del régimen sesionando en un
calabozo, y al semilíder cerrando por dentro y botando la llave por el retrete?
No, ni pensarlo.
Porque nuestra corrupción es una que al ser practicada no conlleva una
connotación delictual ni ilegal; al contrario, implica una señal de distinción:
VIP (Very Important People), cuyas transacciones y ganancias se tasan en
dólares; los testaferros de antaño se convierten en gerentes de empresas de “maletín”,
agentes y operadores financieros, que no
están ni al margen ni fuera de la ley, porque ellos, autoritariamente, son la
ley; como dice Mires (agosto 2013) : “Si
un gobierno democráticamente elegido emplea
medios totalitarios y a la vez exige poderes omnímodos para encabezar
una cruzada en contra de la corrupción, está preparando definitivamente el
camino hacia una dictadura “ , o sea, hacia una corrupción legitimada.
De aquí se desprende que la tal cruzada
nunca podrá tocar a la “business class” de nuestra política porque ellos son los legal y legítimos
corruptos; es decir, tienen licencia para ejercer la expoliación del erario
nacional. Es tan notoria la existencia de la corrupción VIP que, al igual que
en la piratería de ayer, se hace necesario dotarlos, cruzada mediante, de una
patente de corso. Esa es la tarea de la ley habilitante.
La cruzada afectará a los
oficialistas (sean o no corruptos) de arte y ganancia menor, quienes, como los
acompañantes de los príncipes medievales, recibían el castigo físico que no se
les podía aplicar a aquéllos. Ejemplo,
un empleado de CADIVI que debe responder por veinte mil millones de dólares que
se robaron los VIP; un pobre “paga peo”, pues. Pero si alguna vez un corrupto
VIP es atrapado infraganti y enviado a prisión, ya se encargará nuestro sistema
judicial de “hacerle justicia” como se hizo con los “pata en el suelo” (así
tildados por el mismísimo jefe) devenidos en magnates de la hípica que hoy disfrutan en libertad de sus dólares y
caballos.
Por supuesto, la oposición también llevará lo suyo con una buena dosis de
alevosía y ensañamiento. Nótese, sin embargo, que para fregar a los funcionarios
de menor jerarquía (el Gobierno los utilizará como muestra de imparcialidad y
advertencia a la disidencia) o a los de
oposición no es necesaria una ley ni mucho menos una cruzada, ya que el
Gobierno ha venido haciendo esto, y mucho más, cada vez que le da la gana; de
hecho, hablar de leyes y legalidad en Venezuela es solo un mal chiste. Entonces,
¿por qué se insiste con la cruzada?, porque, y a título de hipótesis, la
legitimación de la corrupción VIP implica definirla y regularla para que quede
circunscrita sólo a los que roben en bolívares y hagan oposición. ¡Bienvenida
la corrupción VIP al socialismo Siglo XXI!
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