Este título, “fusilado” a un colega de la Escuela de Educación de la UCV, refleja un juego de palabras que pretende ser
ingenioso y hasta jocoso pues casi roza los predios del chiste; pero la verdad
es que es un asunto muy serio el que una institución se quede sin fines y, en
el plano teleológico, solo persigan objetivos que lucren su actividad; porque cuando evaporamos los fines en un contexto
institucional, lo que en definitiva se logra es que la institución que ha sido
objeto de tal despojo renuncie a su calidad institucional.
La pérdida de sus fines por parte de la revolución bolivariana despojó a
ésta de lo institucionalmente sustantivo. Así, seguimos teniendo tribunales y
jueces pero ya no tenemos justicia; tenemos leyes, normativas y hasta una institución para
generarlas (AN), pero es otro poder (Ejecutivo) el que las confecciona y dicta;
tenemos fiscalías y fiscales pero nadie nos salva de la impunidad frente al
poderoso y la complicidad con el delincuente; tenemos contralorías que no
controlan el miedo, soborno o chantaje; y un CNE, teóricamente un monumento a
la imparcialidad, pero que está al
servicio de quien verdaderamente decide
cuándo, cómo y dónde se realizan y ganan elecciones en este país.
La refundación de la universidad venezolana en 1999 con motivo de la
formulación de una nueva Constitución generó la oportunidad de valorar nuevos
fines universitarios. La propuesta de estos nuevos fines estuvo contenida en el
Proyecto Alma Máter, concebido y dirigido por la OPSU e inspirado en la
concepción de calidad educacional plasmada en la nueva Constitución; mas no
hubo tiempo de ser discutida ni evaluada en su corta experiencia. De hecho,
todos sus fines fueron conculcados en aras de un objetivo muy específico: la
contribución de todas las instituciones venezolanas en la perpetuación en
el poder del gobernante de turno. De ahí
en adelante desaparecen los fines en la educación superior y son sustituidos
por objetivos altamente lucrativos, el mayor de ellos la preservación del poder
político.
En el caso de la universidad venezolana, a la que ahora vanamente queremos
y pretendemos asegurar su calidad, la supresión de sus fines se enmarcó en una
política de anticalidad. La meritocracia, verdadero bastión de la calidad
universitaria y finalidad indispensable de la educación superior venezolana,
fue sustituida, paradójicamente, por el
facilismo alcahuete. Por eso no entendemos como se pretende identificar algún
atisbo de calidad en una institución que quedó huérfana de la misma, porque al
suprimir los fines se suprime también la posibilidad de que la educación
superior venezolana ostente algún nivel de calidad institucional. Antes de
Chávez la calidad universitaria era un intento fallido; después de él fue y
sigue siendo su negación.
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