Ante su
incapacidad gubernativa, el Gobierno ha decidido gobernar por decreto, o mejor,
recurrir al reconocimiento de la excepcionalidad
administrativa estatal cuando ésta amerite liberarse de la normativa que rige
un campo específico de la administración pública por un tiempo específico; para que el
Ejecutivo no se encuentre atado al burocratismo en la solución del problema.
Suele ocurrir, algunas veces, que el
tiempo previsto para solucionar el problema no es suficiente, razón por la cual
se puede prorrogar el plazo previsto para cumplir la tarea encomendada.
La Revolución
Bolivariana desde muy temprano explicitó su intención de construir una
hegemonía política y administrativa con base no sólo en la excepcionalidad sino
en la perpetuidad. Así como Lenin pidió todo el poder para los soviets, en la
Venezuela del 2000 Chávez pidió todo el poder para él, y se lo dieron. Uno de
los instrumentos que el caudillo utilizó para garantizarse esa hegemonía fue la
gobernabilidad por decreto; las
misiones, las leyes habilitantes y la rutinización de la excepcionalidad se
inscriben en este burladero de la norma. Así, se crearon las “misiones” para
resolver un problema concreto (la exclusión y retardo educativo) pero cuya sustentabilidad
estaba sujeta a nuevos fines y objetivos marcados por un sesgo ideológico, como ocurriera con los proyectos educativos:
José Félix Ribas y Gran Mariscal de Ayacucho y, por eso, devinieron en proyectos permanentes y
paralelos a la institucionalidad educacional prevista.
Otro tanto
ocurrió con las prórrogas que convirtieron en permanentes los proyectos
contenidos en las Leyes Habilitantes durante la gestión de Chávez y los
decretos de excepción durante la
administración de Maduro. En ambos casos se abusó de la prórroga que convirtió
en permanente lo que no debió pasar, en cada caso, en una prórroga de 60 días.
En lo que concierne a la gestión de Chávez el tratamiento de las prórrogas fue
abusivo pero contó con una Asamblea Nacional que le aplaudía la gracia; en
cambio, en el caso de Maduro no sólo violó la normativa parlamentaria sino la misma Constitución.
El Presidente
Maduro ha prorrogado hasta por cuarta vez el Estado de Excepción y Emergencia
Económica. ¿Es posible, legal y factible? En una dictadura sí, solo la MUD
parece ignorar que padecemos una neo dictadura en las cuales estas lacras no
sólo son posibles sino consustanciales a la misma, porque los encargados de
administrar justicia (TSJ) les ha dado por interpretar la ley en beneficio del
Ejecutivo. Si nos atenemos al concepto de prórroga manejado por Maduro y sus
acólitos, Nicolás podría mantenerse en el poder todo el tiempo que quiera
mediante una “prorrogitis” aguda que, según especulaciones, es lo que pretende
el señor Presidente.
El rasgo más
característico de la prórroga, sin embargo, es su temporalidad específica, es
decir, su práctica, en un marco democrático, no debe utilizarse para perpetuarse en el
poder. Pero lo más dramático de estas prórrogas prorrogables del señor Maduro
es que no sirven al propósito que los engendró; así, los últimos decretos de
Excepción para mejorar la economía no han producido ni una medida que apunte en
esa dirección. A menos que se acepte que el verdadero propósito de tales
decretos sea el de hacerse del poder por medios fraudulentos.
Si este fuese el
caso le sale a la oposición mucho trabajo por delante. Deben desde ya
concebirse y comenzar a instrumentar una serie de reformas que no aceptan
dilación ni excusa. Es necesario
modificar el sistema de elección presidencial pues es una de las causas por las
cuales los gobernantes ocasionales llegan a convertirse en una incubadora de
“pichones de dictadores” Así mismo, debe reformarse de inmediato el sistema de
elecciones para asegurar, por ejemplo, el reconocimiento de la representación de las minorías,
mediante la aceptación de la proporcionalidad de los resultados electorales.
Además, debe corregirse la ligereza con que fue tratada la independencia de
poderes en una Constitución que fue
hecha para Chávez.
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