Gobierno y oposición continúan en lo mismo… y con los mismos. Lo primero
que resalta es la paradoja de pregonar la necesidad y urgencia de, por ejemplo,
frenar la inflación y, sin embargo, no mover ni un ápice en esa dirección. Así,
el Gobierno cacarea viejas medidas para atacar la inflación que fueron y son las causantes
de la debacle económica (control de cambio híper inflacionario) y el
desarrollo desmedido y descarado de la corrupción. Todo lo malo que se ha hecho
en la economía del socialismo siglo XXI no solo se mantiene a pesar de las
protestas de cambio, sino que se reivindica.
A la oposición, por su parte, se le
olvidó que entre sus prioridades electorales figuraba la necesidad de
transformar el actual modelo económico, habida cuenta que éste aparecía como el
principal responsable de la justificación “teórica” del ya mencionado desmadre.
Pues bien, a tres meses de haberse proclamado en la AN la derrota del
oficialismo, todavía no aparece ni un proyecto, ni una idea, ni siquiera una
señal del sector opositor de cómo lidiar con esta prioridad. En su lugar, las
baterías se han centrado en un cambio de Presidente que presenta un menú
multivariado e inclusivo de acciones que privilegian cómo salir de una
dictadura enarbolando las banderas de la democracia. ¿Ingenuidad o bolsería?
El cambio en lo económico precede al político, y está sujeto a dos
condicionantes: debe ser realizado en conjunto por Gobierno y oposición, y debe
significar un verdadero cambio, es decir, no puede ser igual a lo que se ha
aplicado y desarrollado en materia económica durante los últimos años. En este
sentido, Gobierno y oposición están “obligados” a concebir y diseñar sus planes
de cambio y a confrontarlos para acordarse en las áreas y propuestas comunes.
Esto no implicaría cambio de Gobierno,
excepto cuando éste pretenda rechazar u oponerse a lo acordado. En ese
caso la oposición debería invocar los artículos constitucionales que por vía de
excepción defiendan los valores, principios y garantías democráticas y los
derechos humanos como se establece en el articulado de la Carta Magna.
En la Venezuela de hoy, altamente polarizada y con visos de totalitarismo dictatorial,
es necesario recurrir a la democracia directa,
es decir, al pueblo soberano que es el único que puede estar por encima
de tribunales corruptos como el TSJ. El desmadre económico nos afecta, aunque
no por igual, a tirios y troyanos; por eso es necesario que sea confrontado por
tirios y troyanos. Sin embargo, el Gobierno que es de los actores en vida uno de los principales responsables de la crisis,
no solo sigue empeñado en desconocer su responsabilidad en la misma sino que
pretende reivindicar el desmadre económico que nos agobia.
Si el Gobierno mantiene su tozudez, entonces a la oposición no le queda
otro recurso que desconocerlo mediante la activación del artículo 350 de la
Constitución que reza: “El pueblo de
Venezuela …desconocerá a cualquier régimen, legislación o autoridad que
contraríe, los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los
derechos humanos” . El 350 tiene pertinencia y validez cuando
se apoya en una mayoría popular que se manifiesta en una certificación
plebiscitaria. En el caso venezolano estaría dada por la rotunda exhibición de
mayoría que el pueblo diera durante la elección de la nueva AN (6-12-2015) así
como el incipiente pero progresivo
respaldo internacional. De este modo, el
desmadre económico sería revertido por Fuenteovejuna.
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