lunes, 2 de enero de 2017

La nueva Asamblea Nacional

La situación política de la oposición venezolana da pena y lástima. Lo primero, porque no ha sabido aprovechar todas las oportunidades que se le han presentado en su lucha contra la dictadura oficialista; lo segundo porque su reacción frente a los violadores de la Constitución (TSJ) ha sido lastimosamente sumisa; en estas condiciones la AN más que propiciar el cambio político que se requiere, se convierte en legitimador de las tropelías ordenadas por Maduro y fielmente ejecutadas por el Tribunal Supremo de Justicia, en otras palabras, dada la situación actual  esta  AN no tiene razón de ser.

Se podrá argumentar que la anulación del cuerpo legislativo por parte del máximo tribunal de la república  reviviría el costoso error que cometió la oposición durante las elecciones legislativas de 2005 al abandonar  las mismas, dado el grado de indefensión que sufría la oposición de entonces; no, en aquellos momentos la oposición optó por abandonar una causa perdida,  en la situación actual los opositores tiraron por la borda una causa que, en más de una ocasión, se tuvo ganada. De hecho, en las dos décadas de gobierno bolivariano a cada triunfo político opositor pareciera corresponder una estrepitosa derrota  partidista de los opositores.

Con base en el análisis de los párrafos anteriores es válido suponer que la oposición tradicional, sin unidad nacional, propósito no definido  e ineficiente  debería dar paso a todo lo contrario: una nueva AN que sea representativa de una democracia directa tal cual lo plantea  la Constitución. Una AN cuyo poder no dependa de las parcializadas decisiones de un Tribunal Supremo de Justicia. En este sentido son dos los puntos cruciales que deberán priorizar como metas quienes  pretenden rescatar a la maltrecha democracia venezolana: uno, la constitución de un frente anti dictadura; y dos,  el enfrentamiento con el TSJ que se ha erigido en el superpoder de la justicia, que hace y deshace, más de lo segundo que de lo primero.

Una AN  debería definir sin medias tintas y con total compromiso a los contendores: Dictadura y Democracia. Sin embargo, a pesar de la dicotomía utilizada el deslinde de los extremos no resulta tan evidente. Hay quienes rechazan “esta dictadura”, pero no las dictaduras en general; otros no terminan de rechazarla porque en el transcurrir de la política venezolana avalaron injusticias imperdonables a las que ahora pasan factura; y por último, aunque no lo último, hay quienes no la rechazan por comulgar con la posición ideológica de los Castro y los Stalin. No, la dictadura para la cual pedimos rechazo se concibió y se desarrolló aquí en Venezuela; y deberán ser venezolanos, de cero politiquerías, quienes tendrán que derrotarla. La única discriminación permitida debería ser la de los contendores: Demócratas y Pro dictadores.

El comportamiento del TSJ en el campo de los abusos y violaciones a la Constitución ha hecho creer a muchos que ya todo está dicho, y que nada puede hacerse. Hay, sin embargo, un poder que está por encima de todos los otros: LA SOBERANÍA POPULAR. Durante diciembre de 2015 se evidenció una muestra de ese poder cuando la oposición derrotó ampliamente al oficialismo en la elección de 6/12/2016. Lamentablemente la oposición no supo aprovechar la coyuntura política y al TSJ se le permitió expropiar e invertir los resultados electorales. En aquella oportunidad escribimos un artículo titulado: Más de 7.700.000 jarrones chinos  (24/1/2016) aludiendo a la inutilidad de esa victoria que la burocracia partidista no supo ni pudo defender; en  este sentido, todo el caudal de votos opositores se diluyó pero no se extinguió; están ahí, para ser capitalizados  por una unidad sin partidos aunque con mucha ciudadanía; y un enfrentamiento inteligente a cualquier dictadura.

César Villarroel Castillo
Caracas, 29 de diciembre de 2016.



Recomendamos la lectura de mi artículo: “Más de 7.700.000 jarrones chinos”. Caracas, 24 de enero de 2016. cvillarroelc.blogspot

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