La situación
política de la oposición venezolana da pena y lástima. Lo primero, porque no ha
sabido aprovechar todas las oportunidades que se le han presentado en su lucha
contra la dictadura oficialista; lo segundo porque su reacción frente a los
violadores de la Constitución (TSJ) ha sido lastimosamente sumisa; en estas
condiciones la AN más que propiciar el cambio político que se requiere, se
convierte en legitimador de las tropelías ordenadas por Maduro y fielmente
ejecutadas por el Tribunal Supremo de Justicia, en otras palabras, dada la
situación actual esta AN no tiene razón de ser.
Se podrá
argumentar que la anulación del cuerpo legislativo por parte del máximo
tribunal de la república reviviría el
costoso error que cometió la oposición durante las elecciones legislativas de
2005 al abandonar las mismas, dado el
grado de indefensión que sufría la oposición de entonces; no, en aquellos
momentos la oposición optó por abandonar una causa perdida, en la situación actual los opositores tiraron
por la borda una causa que, en más de una ocasión, se tuvo ganada. De hecho, en
las dos décadas de gobierno bolivariano a cada triunfo político opositor
pareciera corresponder una estrepitosa derrota
partidista de los opositores.
Con base en el
análisis de los párrafos anteriores es válido suponer que la oposición
tradicional, sin unidad nacional, propósito no definido e ineficiente
debería dar paso a todo lo contrario: una nueva AN que sea
representativa de una democracia directa tal cual lo plantea la Constitución. Una AN cuyo poder no dependa
de las parcializadas decisiones de un Tribunal Supremo de Justicia. En este
sentido son dos los puntos cruciales que deberán priorizar como metas
quienes pretenden rescatar a la
maltrecha democracia venezolana: uno, la constitución de un frente anti
dictadura; y dos, el enfrentamiento con
el TSJ que se ha erigido en el superpoder de la justicia, que hace y deshace,
más de lo segundo que de lo primero.
Una AN debería definir sin medias tintas y con total
compromiso a los contendores: Dictadura y Democracia. Sin embargo, a pesar de
la dicotomía utilizada el deslinde de los extremos no resulta tan evidente. Hay
quienes rechazan “esta dictadura”, pero no las dictaduras en general; otros no
terminan de rechazarla porque en el transcurrir de la política venezolana
avalaron injusticias imperdonables a las que ahora pasan factura; y por último,
aunque no lo último, hay quienes no la rechazan por comulgar con la posición
ideológica de los Castro y los Stalin. No, la dictadura para la cual pedimos
rechazo se concibió y se desarrolló aquí en Venezuela; y deberán ser
venezolanos, de cero politiquerías, quienes tendrán que derrotarla. La única
discriminación permitida debería ser la de los contendores: Demócratas y Pro
dictadores.
El comportamiento
del TSJ en el campo de los abusos y violaciones a la Constitución ha hecho
creer a muchos que ya todo está dicho, y que nada puede hacerse. Hay, sin
embargo, un poder que está por encima de todos los otros: LA SOBERANÍA POPULAR.
Durante diciembre de 2015 se evidenció una muestra de ese poder cuando la
oposición derrotó ampliamente al oficialismo en la elección de 6/12/2016.
Lamentablemente la oposición no supo aprovechar la coyuntura política y al TSJ
se le permitió expropiar e invertir los resultados electorales. En aquella
oportunidad escribimos un artículo titulado: Más de 7.700.000 jarrones
chinos (24/1/2016) aludiendo a la
inutilidad de esa victoria que la burocracia partidista no supo ni pudo
defender; en este sentido, todo el caudal de votos
opositores se diluyó pero no se extinguió; están ahí, para ser capitalizados por una unidad sin partidos aunque con mucha
ciudadanía; y un enfrentamiento inteligente a cualquier dictadura.
César Villarroel
Castillo
Caracas, 29 de diciembre de 2016.
Recomendamos la
lectura de mi artículo: “Más de 7.700.000 jarrones chinos”. Caracas, 24 de
enero de 2016. cvillarroelc.blogspot
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