Según el DRAE, la expresión “toma y daca” alude a una suerte de “trueque simultáneo
de cosas y servicios”. El lector ya sospechará que la falta de ortografía en el
título pretende destacar el nombre de la tienda de electrodomésticos (DAKA) que
le sirvió al Gobierno como emblema para realizar tan singular trueque: éste puso
mercancía “confiscada” y los miembros del Psuv aportaron un escenario de necesidad a tono con el que en
la víspera había esbozado Maduro: “que no quede nada en los anaqueles”. El
trueque morigerado (se vendió la mercancía a precios irrisorios) pretendió
evitar la connotación de saqueo, pero la indiscreta jeta del “líder” ya había
derramado el agua.
No es la primera vez que se da este trueque de electrodomésticos por apoyo
electoral, recordemos la distribución de “línea blanca” que realizó Jesse (por
cierto fallida) cuando se postuló para alcalde de Petare; la diferencia estriba
en que entonces el Gobierno era el dueño de los productos a ser canjeados;
ahora el Gobierno decidió “apoderarse de todo o la mayor parte de aquello que
hay o se guarda en algún sitio” (DRAE,
acepción del verbo saquear) de las tiendas de electrodomésticos. Esto es lo que
califica la acción como saqueo; el que
cometió el Gobierno, no el populacho.
Todo saqueo tiene una connotación delictiva, por eso, en un Estado
de derecho es inconcebible que los poderes públicos permitan, impunemente, la
práctica del mismo; de ahí que sorprenda de primer intento que el saqueo de DAKA,
y de los sucesivos que ya se anuncian, haya sido planificado y ejecutado por
las autoridades del más alto nivel ejecutivo, con la anuencia y hasta el
beneplácito de los otros poderes públicos, y ahora se pretenda que sean estos
poderes que ya han demostrado su sumisión ante el Ejecutivo, los que juzguen y
condenen… ¡a los saqueados! Esto no debe pasar en un Estado de Derecho, pero como Venezuela no es uno de esos el saqueo
oficialista (el perfecto) es práctica corriente.
Todo empresario que transgreda la ley debe ser juzgado y sancionado con
base en lo que ella establece, esto no sólo lo apoyamos sino que además lo
reclamamos. Pero en este caso hay dos situaciones que no se apegan a la ley.
Una, la forma como se determina la transgresión y el transgresor; la realiza el
Ejecutivo a su real saber y conveniencia, y como en Venezuela los poderes
distintos al Ejecutivo no son autónomos es imposible que prevalezca la justicia.
La segunda situación refiere al
encubrimiento que hace el Gobierno de los empresarios de maletín que estafaron
a la nación más de veintidós mil millones de dólares, según funcionarios del
Banco Central. Estos especularon más que los de DAKA, y la única explicación
que esgrime el Gobierno para no actuar contra ellos es que no firmaron nada, es
decir, “se actuó de buena fe”. Saqueo perfecto, del cual fue responsable
el Gobierno de ayer con los gobernantes
de hoy.
La política del saqueo perfecto parece que será, en adelante, el estandarte de la economía
socialista del siglo XXI; el soberano alcanzará su felicidad suprema: vivir sin
trabajar; y el Gobierno garantizará el voto eterno. Esto último se probará el 8
de diciembre cuando se podrá apreciar la eficacia e impacto de la nueva
política. Los viejos manuales de Materialismo Histórico (Konstantinov) solían
advertir, sin embargo, que la realidad objetiva es aquella que no depende del
sujeto; de ahí que, a corto plazo, la
inflación y el dólar “afro criollo “ continuarán su ascenso a pesar de los
buenos deseos de Ramírez y Maduro. Y a todas éstas, ¿qué es de la vida de la
MUD?
¡Excelente artículo!
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