Cuando se hurga acerca del por qué la oposición política al gobierno
chavista no ha sido más eficiente en lo que concierne a la denuncia del
autoritarismo del régimen, suele argumentarse que, a más de los costosos errores
y desaciertos cometidos por aquélla, ha tenido que padecer la indiferencia, y
hasta complicidad, de la comunidad internacional con relación a las violaciones
y abusos de que vienen siendo objeto nuestro país por parte del gobierno madurista.
Parecía que en este ámbito no sólo estábamos solos sino también arrinconados.
Ante las graves denuncias de violaciones a principios y prácticas democráticas
la comunidad internacional se limitaba a
recordar que en Venezuela se celebran elecciones y hay separación de poderes.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte se han oído voces de la comunidad
internacional que cuestionan la pretendida independencia de poderes y, con
ella, el valor democrático de las profusas elecciones que se realizan en el
país. Y, recientemente, en una acción sobrevenida y bienvenida, un grupo de ex
gobernantes de América Latina y Europa decidió denunciar el actual estado de
cosas que vive Venezuela y abogar por las victimas de tales desafueros. ¿A
cuenta de qué? A cuenta del derecho que asiste a todo ciudadano de defender los
valores, principios, garantías democráticas y derechos humanos en cualquier sitio
y momento en los que éstos sean menoscabados,
más allá de fronteras geográficas e ideológicas.
¿Y cuáles son los indicadores que permiten basar la denuncia? La ausencia
de separación de los poderes públicos.
Cuando Chávez, las decisiones de cualquier tipo y materia las tomaba él; a tal
extremo llegó el atropello en los asuntos jurídicos que se permitía mandar a
poner presa (desde un estudio de televisión) a quien quisiera y, además, le
dictaba la sentencia; el caso de la jueza Afiuni es el más emblemático de la
conculcación del poder judicial. Actualmente la mala práctica continúa, aunque
con mayor participación de los poderes sumisos. Si el poder judicial no es
autónomo resulta ocioso pretender que habrá otros poderes públicos que salven
la honra democrática, porque el poder Judicial es la esencia de ésta; sin su
existencia autónoma nada puede ser democrático.
La génesis de este apoyo de los ex presidentes tiene su origen en una “noticia críminis”: la democracia
venezolana está siendo violada; y en los desvelos conyugales de algunas de las esposas
de quienes hoy sufren injusto encarcelamiento. Pero, ¿qué pasa con la oposición
venezolana? ; ¿por qué se deja suplantar en funciones que por naturaleza le son
propias: denuncia, crítica y opinión? Porque está chantajeada, amenazada,
agredida, en suma, aterrada; pero después del pronunciamiento de los ex
presidentes sabe también que no está sola.
Para fines de año está pautada una elección que es crucial para el destino
político del país y en donde la única manera de derrotar al Gobierno es yendo
unidos y masivamente a votar. El Gobierno está interesado en que los aterrados
se queden en casa, y que los opositores que vayan a votar no lo hagan unidos.
Es hora de que la oposición revierta los términos. Demostrarles al pueblo
opositor y a los ex presidentes que nos están apoyando que si podemos unirnos,
y que la dirigencia opositora venezolana se convertirá en una cantera de
denuncias que luego el frente de ex gobernantes podrá ventilar, apoyar y
defender internacionalmente.
La oposición venezolana ha carecido de un eje político que soporte su
unidad nacional; pues bien, parafraseando a Arquímedes de Siracusa, convirtamos
al grupo de ex gobernantes en el punto de apoyo que necesita la democracia
venezolana para mover el mundo (y el piso) del chavismo que nos agobia.
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