¿Mayoría parlamentaria para qué?

El triunfo de la oposición durante las elecciones del 6-12-2015 fue sobrevenido y, afortunadamente,   más que bienvenido, pues se consideraba que se había generado una trinchera desde la cual se podría luchar contra la hegemonía oficialista con cierta probabilidad de éxito, ya que si bien la mayoría de los poderes estaban conculcados, excepto el Legislativo, este último había conquistado al soberano, es decir, al pueblo ( más de siete millones y medio de votantes) que rechazó, sin ningún género de dudas, la gestión de Nicolás Maduro. Pero he aquí que desde su proclamación la nueva AN, mayoritariamente opositora,  no ha luchado con nadie ni contra  nadie porque su principal arma (votantes del 6-12-2015) ha sido  “engavetada”.

Se suponía que en esa hipotética lucha se establecerían prioridades cuyo tratamiento y éxito no dependieran exclusivamente de lo que acuerden las dictaduras del  Ejecutivo y el TSJ. En este sentido proponemos dos prioridades urgentísimas: una  que atienda lo del modelo económico, y la otra que se ocupe de rescatar la poca democracia que todavía perdura en emporios antidemocráticos como el Ejecutivo, TSJ y CNE. Esto no significa que se posponen materias y asuntos considerados importantes por la AN como la Ley de Amnistía o el otorgamiento de titularidad a los propietarios de viviendas entregadas por el Gobierno, esos asuntos se seguirían atendiendo,  pero la prioridad en la atención  debe tenerla la lucha contra los atropellos del TSJ y la búsqueda, ¡ya!, de un modelo alternativo para el cambio económico.

La AN tiene que proponer al pueblo y al Gobierno un plan de contingencia económica que debería ser acordado y desarrollado por pueblo y Gobierno; y que en el caso de que no haya acuerdo se someta a consideración de un referéndum popular. No se le debe permitir al Gobierno, y mucho menos a Nicolás Maduro, que para enfrentar la crisis económica se esgriman las mismas medidas que las generaron. En caso de ser necesario se debería recurrir a lo establecido en la Constitución: art. 350. Con relación al comportamiento antidemocrático  y anticonstitucional del TSJ la AN debe denunciarlas y, apoyándose en el respaldo popular, salir a la calle y ventilar la denuncia  en  los planos nacional e internacional.

La consulta al ciudadano no depende de la aceptación del Ejecutivo, en otras palabras, la activación de la calle, en un sistema democrático, no está sujeta al parecer del gobernante de turno sino a la gravedad de la situación. Si ante una política fracasada el gobernante insiste en reiterarla, pareciera llegado el momento de cambiar de política y de gobernante, que no de Gobierno. Para esto el liderazgo soberano  debe estar atento a las señales que indiquen la necesidad de “patear” la calle. Por ejemplo, el robo a la MUD de los diputados de Amazona, dictadura mediante, tenía que acatarse pero “no dejarlo pasar por debajo de la mesa”. Otro tanto habría que decir del “cheque en blanco” para dirigir la economía, aunque en este caso la MUD ganó el premio a la ingenuidad parlamentaria. De todos modos el TSJ lo iba a hacer, pero no hay que ponérsela “bombita”.

En un gobierno autoritario y despótico es fácil encontrar en el día a día motivos para ejercitar el músculo de la democracia de calle; por ejemplo, ¿cómo es posible que se haya aumentado el precio de la gasolina y la oposición no se haya pronunciado, pública y de manera vehemente, sobre el subsidio a Petrocaribe y las regalías a los hermanos Castro?; o que el Decreto de Emergencia Económica tenga la duración que le plazca al señor Maduro. En otras palabras señores opositores, su papel principal es el de hacer que se descubra el carácter dictatorial de este régimen; que los ilícitos administrativas de este Gobierno no puedan cobijarse debajo del ropaje de trasnochadas argucias leguleyas. No aprobar tales argucias, aunque, por ahora, se tengan que acatar bajo protesta; porque siempre habrá alguien en la calle que les recordará que somos un pueblo sometido por una desvergonzada dictadura.

¿Más de 7. 700. 000 jarrones chinos?

Antes de las elecciones del 6-D (2015) las expectativas de la oposición eran muy modestas; en el mejor de los casos la MUD podría ganar la contienda, pero “en forma muy apretada” y, sin embargo, sobraban planes y proyectos en dos direcciones: el rescate (en lo mediato) del sistema democrático, y el abordaje (en lo inmediato) de los problemas que han hecho colapsar nuestra economía. Se realizaron los comicios en diciembre y sus resultados mostraron una realidad sobrevenida que evidenció un triunfo apoteósico del sector opositor pero que la MUD no ha sabido manejar pues, hasta ahora, los propósitos básicos de una nueva AN (rescate de la democracia y cambio urgente del modelo económico) no ha recibido atención prioritaria; por el contrario el oficialismo ha arropado a la oposición nulificando su eficiencia y eficacia.

¿Ha podido el sector opositor, a las primeras de cambio,  actuar de manera distinta? Sí. El Gobierno decidió convertir al TSJ en alcahuete mayor de sus sinvergüenzuras, lo que no puede evitarse, por ahora, porque nos enfrentamos a una dictadura que nos obliga a acatar sus dictámenes pero no su impunidad. Cuando el TSJ decidió quitarle tres diputados a la oposición, ésta tenía que acatarlo pero denunciando nacional e internacionalmente el verdadero motivo de esta medida: preservarle a Maduro una prerrogativa que desaparecía si la oposición hubiese contabilizado como ganancia las dos terceras partes de los votantes, suficientes para revocar el mandato de Maduro. Eso no solo hay que decirlo sino gritarlo para sincerar las cosas. Esa derrota de Maduro tiene, y siempre tendrá, tufo a puntapié electoral.

¿Porqué en las primeras confrontaciones la oposición lució tan desvalida? Porque ha equivocado su compromiso y sus fortalezas. El compromiso no es solo con el país, sino, principalmente, con los más de siete millones de votantes que consideraron que el modelo económico debía cambiar, y que hoy miran y sienten que son jarrones chinos, es decir, instrumentos inocuos que no cumplen ninguna función o propósito. El equívoco por parte de los opositores es creer que el proceso electoral termina cuando la señora de siempre proclama que los resultados son irreversibles, no, el proceso nunca  termina porque los resultados de una elección siempre deberían convertirse en un sistema de hipótesis a ser corroboradas en la acción planificada. Eso es lo que debería ser el principal propósito de los resultados electorales del 6-D: planificar el cambio inmediato hacia un nuevo modelo económico.

La urgencia de la AN debe estar signada por la atención y consideración del problema económico, para esto no se necesita el permiso del Ejecutivo porque no se pretende crear leyes, sino someter a la consideración del electorado (tanto de los siete millones opositores como de los cinco millones del sector oficial) una propuesta de acuerdo sobre el tratamiento de urgencia que debe dársele a nuestra colapsada economía. Un acuerdo sobre cosas concretas; por ejemplo, ¿quién es el responsable de mantener un dólar a 6,30? Si Maduro es quien decide su permanencia, entonces que le explique públicamente al país las razones de tal medida. Y así como esa hay una serie de medidas puntuales que no definirán la política económica del país porque eso se resolverá durante la próxima contienda presidencial, pero que ayudarán a frenar la crisis. Y, ¿qué pasa si tirios y troyanos no se ponen de acuerdo? Entonces habrá que consultar al soberano como lo establece la Constitución.

¿Ocaso del rentismo petrolero?

Cuando el precio del barril de petróleo comenzó a rondar los veinte dólares observamos como los altos funcionarios del Gobierno, jefe de Estado incluido, mostraban alborozados su entusiasmo por el agotamiento del modelo rentista y, por supuesto, se atribuían una contribución importante en el fulano agotamiento. ¿Será verdad que en Venezuela se agotó el rentismo petrolero? Creemos que no, porque la ruina que hoy padecemos se debe, precisamente, a que todavía se mantiene el modelo rentista; éste no se ha abandonado. Hay menos ingresos por una renta magra, pero los artífices del rentismo (uno difunto y el otro en terapia) sigue siendo el modelo populista. Si por alguna circunstancia los precios del barril repuntaran veríamos, con toda seguridad, a un rentismo petrolero vigorizado en los precios aunque siempre errático en su política. Porque lo que se ha agotado es la capacidad inaudita de desaprovechar la oportunidad de haber hecho realidad la consigna de Uslar Pietri: sembrar el petróleo. 

A partir de 1999 se dan en Venezuela las condiciones para haber acabado con el rentismo petrolero: altos precios del barril de petróleo, adscripción al modelo de democracia representativa y una floreciente economía de mercado; sólo bastaba saber administrar la siembra del petróleo. Pero, por alguna sin razón que todavía no logramos explicárnosla, a estas condiciones óptimas para acabar de una vez por todas con el rentismo petrolero se le opuso el sistema sociopolítico que más favorece y desarrolla un modelo rentista: el populista; con el agravante que a todo lo negativo del populismo, per se, se añadiera la administración más disparatada de este modelo. En otras palabras, malo y peor administrado. Se cosechó una RUINA, sin atenuantes y con mayúsculas que ha hecho de Venezuela el prototipo de lo peor.

Para ejemplificar el desastre populista bastan unos pocos señalamientos. El diagnóstico del desastre populista condujo a rechazar, “de la boca pa’ fuera” el modelo rentista, pero las pocas acciones concretas que se ha realizado para enfrentar la crisis apuntan hacia el mejoramiento de los precios. No nos cansamos de pedir dinero prestado para administrarlo como hasta ahora. ¿Significa que no queremos que los precios del petróleo suban? Nada que ver, pero recordar que estamos como estamos no por los precios bajos, sino por los precios altos mal administrados. Un sistema productivista es lo que hay que oponer al modelo ramplón que nos agobia. Productividad y libertad económica; que privilegie la calidad del producto o servicio; pertinencia del producto o servicio; eficiencia en la confección del producto o servicio; y eficacia en la obtención de productos y servicios de calidad.

Esta política no tendrá éxito de la “noche a la mañana”, pero cada día que pase sin   instrumentarla supone un mayor alejamiento de su posibilidad. Se creyó que el mensaje de las últimas elecciones (6/12/2015) había sido escuchado por el Gobierno; parece que si fue escuchado (las triquiñuelas post electorales así lo evidencian) pero, al mismo tiempo, ignorado. Al parecer habrá que acudir a la Constitución y a los más de siete millones de electores, mayoría indiscutible, que votaron por un cambio. Ya el Gobierno no cuenta, ello ha quedado demostrado por su inacción ante la crisis. Esto conduce, en época de agotamientos: a la falta de comida, agua, medicinas, repuestos, vehículos, justicia,  respeto  y PACIENCIA.