El triunfo de la oposición durante las elecciones del 6-12-2015 fue
sobrevenido y, afortunadamente, más que
bienvenido, pues se consideraba que se había generado una trinchera desde la
cual se podría luchar contra la hegemonía oficialista con cierta probabilidad
de éxito, ya que si bien la mayoría de los poderes estaban conculcados, excepto
el Legislativo, este último había conquistado al soberano, es decir, al pueblo
( más de siete millones y medio de votantes) que rechazó, sin ningún género de
dudas, la gestión de Nicolás Maduro. Pero he aquí que desde su proclamación la
nueva AN, mayoritariamente opositora, no
ha luchado con nadie ni contra nadie
porque su principal arma (votantes del 6-12-2015) ha sido “engavetada”.
Se suponía que en esa hipotética lucha se establecerían prioridades cuyo
tratamiento y éxito no dependieran exclusivamente de lo que acuerden las
dictaduras del Ejecutivo y el TSJ. En
este sentido proponemos dos prioridades urgentísimas: una que atienda lo del modelo económico, y la otra
que se ocupe de rescatar la poca democracia que todavía perdura en emporios
antidemocráticos como el Ejecutivo, TSJ y CNE. Esto no significa que se
posponen materias y asuntos considerados importantes por la AN como la Ley de
Amnistía o el otorgamiento de titularidad a los propietarios de viviendas
entregadas por el Gobierno, esos asuntos se seguirían atendiendo, pero la prioridad en la atención debe tenerla la lucha contra los atropellos
del TSJ y la búsqueda, ¡ya!, de un modelo alternativo para el cambio económico.
La AN tiene que proponer al pueblo y al Gobierno un plan de contingencia
económica que debería ser acordado y desarrollado por pueblo y Gobierno; y que
en el caso de que no haya acuerdo se someta a consideración de un referéndum
popular. No se le debe permitir al Gobierno, y mucho menos a Nicolás Maduro,
que para enfrentar la crisis económica se esgriman las mismas medidas que las
generaron. En caso de ser necesario se debería recurrir a lo establecido en la
Constitución: art. 350. Con relación al comportamiento antidemocrático y anticonstitucional del TSJ la AN debe
denunciarlas y, apoyándose en el respaldo popular, salir a la calle y ventilar
la denuncia en los planos nacional e internacional.
La consulta al ciudadano no depende de la aceptación del Ejecutivo, en
otras palabras, la activación de la calle, en un sistema democrático, no está
sujeta al parecer del gobernante de turno sino a la gravedad de la situación.
Si ante una política fracasada el gobernante insiste en reiterarla, pareciera
llegado el momento de cambiar de política y de gobernante, que no de Gobierno.
Para esto el liderazgo soberano debe estar
atento a las señales que indiquen la necesidad de “patear” la calle. Por
ejemplo, el robo a la MUD de los diputados de Amazona, dictadura mediante,
tenía que acatarse pero “no dejarlo pasar por debajo de la mesa”. Otro tanto
habría que decir del “cheque en blanco” para dirigir la economía, aunque en
este caso la MUD ganó el premio a la ingenuidad parlamentaria. De todos modos
el TSJ lo iba a hacer, pero no hay que ponérsela “bombita”.
En un gobierno autoritario y despótico es fácil encontrar en el día a día
motivos para ejercitar el músculo de la democracia de calle; por ejemplo, ¿cómo
es posible que se haya aumentado el precio de la gasolina y la oposición no se
haya pronunciado, pública y de manera vehemente, sobre el subsidio a
Petrocaribe y las regalías a los hermanos Castro?; o que el Decreto de
Emergencia Económica tenga la duración que le plazca al señor Maduro. En otras
palabras señores opositores, su papel principal es el de hacer que se descubra
el carácter dictatorial de este régimen; que los ilícitos administrativas de
este Gobierno no puedan cobijarse debajo del ropaje de trasnochadas argucias
leguleyas. No aprobar tales argucias, aunque, por ahora, se tengan que acatar
bajo protesta; porque siempre habrá alguien en la calle que les recordará que
somos un pueblo sometido por una desvergonzada dictadura.
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