¿Hace falta un plan “B”?

Mires (Mires, 2016) , al tratar de analizar los posibles errores de la estrategia de la oposición política venezolana señala: que estos pueden sintetizarse en los  siguientes: “el primero dice que la acción política depende de la definición del régimen. El segundo: que la MUD está obligada a tener un plan “B” en el caso de que fracase el RR-16”. El primero fue costosamente practicado durante el fallido intento de activar el RR. La oposición creyó ingenuamente que una dictadura puede entregar democráticamente el poder. El Gobierno estuvo dispuesto a entregarlo todo excepto el poder; de ahí que lo más álgido del RR no giraba  en torno al contenido sino a la fecha de su realización. Más allá del 2016 el Gobierno se jugaba un cargo, dentro del 2016 el Gobierno se jugaba todos los cargos, es decir, el poder.

Con relación al segundo error, Mires lo percibe como una supuesta obligatoriedad de presentar un plan “B” (suerte de objetivos alternos) ante la posibilidad de que no se logren los objetivos principales. Posiblemente el planteamiento resulte en lo teórico y en lo general, pero si se contextualiza en la Venezuela de hoy  lo más probable es que no encontremos evidencias de planificación alguna. De hecho, en todo el período “revolucionario” tanto la democracia representativa como la dictadura sólo presentan un concierto de improvisaciones. Por eso  no es cierto que la oposición haya sido obligada, alguna vez, a tener como seguro resguardo un fulano plan B.

Lo que sí debería ser obligatorio para la oposición es la presencia de un protocolo que asegure a las decisiones tomadas por la oposición la consecución de los objetivos previstos. En vez de pensar en un naipe escondido “bajo la manga” debe considerarse, previamente,  la secuencia de acciones que establezcan la relevancia,  pertinencia, factibilidad (correlación entre lo deseable  y lo posible),  y la viabilidad. Algo parecido a los buenos ajedrecistas que conciben y practican, hasta por cinco pasos,  las jugadas que conduzcan al jaque mate del adversario; totalmente en contrario a los malos políticos de la MUD, que sólo llegan a percatarse de los efectos de sus decisiones mucho tiempo después de  cuando ya las estemos padeciendo.  

A partir de noviembre del año en curso la confrontación entre el oficialismo y la oposición se agudizará; ésta tendrá una gran oportunidad, ¿la última?, pues controlará el patio (la Constitución) y la bandera (el voto). En lo futuro es muy difícil concebir cambios constitucionales que no se concreten  en opciones electorales, y que no puedan ser manipulados por el Ejecutivo, el poder judicial (TSJ) y la misma MUD. Nos estamos refiriendo a los cambios constitucionales: Enmienda, Reforma Constitucional y Constituyente. Ninguno de estos procesos puede ser boicoteado por el Ejecutivo, el TSJ, ni la MUD porque la Constitución previó la posibilidad de que la propuesta de cambio pueda ser asumida como una responsabilidad de un porcentaje de los electores. Será la actuación de la democracia directa que supera a las instituciones ya citadas.

Lo anterior no evita que la dictadura se comporte como tal, en ese caso se la debe enfrentar como lo que es: una costosísima dictadura. Vale enfatizar, sin embargo, que el propósito político de los cambios es evitar que se repitan los entuertos tanto del oficialismo como de la oposición. Por ejemplo, los cambios con relación a las elecciones presidenciales deben considerar la no reelección presidencial y  y el balotaje; lo primero para “cortarle las patas” a los pichones de dictadores; y lo segundo para evitar que alguien pueda llegar a la presidencia sin tener un verdadero respaldo de las mayorías; y otras observaciones importantes podrían aducirse en lo que concierne al CNE, que no es imparcial y que es violatoria de la Constitución en lo que respecta a la proporcionalidad de los resultados electorales.

No hay que esperar al 2019 para preocuparse por estas cosas; de hecho, debimos comenzar ayer.  

Fernando Mires, Noticias Universitarias: “Dos errores”.csarvillarroel8