El Gobierno realiza una consulta (mediante encuesta, consulta a expertos y
estudios complementarios) a la comunidad educativa para que lo ayude a mejorar
los aspectos curriculares y administrativos del sistema educativo que, por
ellos así concebidos, sería lo mismo que dotar de calidad a la educación venezolana. Algunos profesores invitados por
el Gobierno se han incorporado muy entusiasmados a la consulta, pero otros la
han rechazado por considerarla engañosa (más que mejorar busca legitimar) y
que, en cuanto tal, sufriría la misma suerte de las consultas anteriores.
En lo personal considero que toda invitación del Gobierno debe ser atendida,
e incluso, debe ser aprovechada para trabajar junto a aquel en el mejoramiento
del quehacer escolar, aún en el marco de una dictadura como sucedió con Rubén
González y Guevara Rojas, ministros de Instrucción del gomecismo, que mejoraron
la instrucción pública de la época, en dictadura y sin pretensiones de calidad;
algo similar puede hacerse en nuestra dictadura.
Sin embargo, es bueno tener presente que “lo mejor y lo de calidad” no son
sinónimos; en este sentido un sistema educativo puede haber mejorado mucho pero
no haber alcanzado los estándares mínimos de calidad; y, por otra parte,
ciertos colegios tradicionales como Eton (Inglaterra), por ejemplo, no cambian su
tradición, ni siquiera para mejorarla, porque ese es su inamovible sello de
calidad.
Desde antes del 2007 Venezuela comenzó a negarse la posibilidad de una
educación de calidad al descartar, y en algunos casos contrariar, los
lineamientos que en materia de educación están contemplados en el Plan de la
Nación 2001-2007. En ese plan, y en total concordancia con la Constitución de
1999, se establecen los principales parámetros que enmarcaban lo que pudo ser
un sistema de educación de calidad que, básicamente, se cimentaba en dos
pilares: democracia y meritocracia.
Por lo contrario, el camino elegido,
Plan de la Nación 2007-2013, descartó la meritocracia y no prohijó la calidad del proceso
revolucionario sino la permanencia en el poder a toda costa y a cualquier
costo. Obviamente, la calidad en un proceso como este no sólo pierde relevancia
sino que puede convertirse en un estorbo, como de hecho ocurrió con la
educación venezolana durante el desarrollo de los planes 2007-2013 y lo que va
del Plan correspondiente al 2013-2019.
Paralelo a la consulta ya aludida se pretende evaluar la calidad de la
educación mediante el análisis de los libros de textos (que ya se distribuyeron
profusamente) y la Colección Bicentenaria. Más allá de la ausencia de directrices para
manejar los resultados de la evaluación de los libros de textos y la Colección
Bicentenaria, confunde que el análisis sea hecho mediante un prorrateo de
bondades y defectos en los materiales examinados. Así, hemos oído decir, por
ejemplo, que el “culto a la personalidad” está presente, pero que no es tan
exagerado como se alega. Una sola manifestación del culto a la personalidad
sería exagerada para La Constitución y la Ley Orgánica de Educación, claro, si
se estuviese pensando más en la calidad que en la propaganda del Psuv.
Si se quiere mejorar la educación se pueden acordar, o considerar, ciertas
acciones entre Gobierno y oposición que logren la mejora institucional y burocrática
de aquélla; ejemplo, debería considerarse la eliminación de las misiones
educacionales, pues al hacerlas permanentes se reconoce la imposibilidad de
institucionalizar el cumplimiento de la Misión; o la solución del problema de “
Las Tres Marías” (escasez de profesores de educación media para las asignaturas
de Matemáticas, Biología y Química, y otras).
En este sentido, y a propósito de la
Consulta que se ha emprendido, se han publicado algunos trabajos que proponen
medidas inmediatas y concretas como las sugeridas por la profesora Nacarid
Rodríguez (2-5-2014) en su trabajo: “Consideraciones acerca de la Consulta
Nacional sobre la Calidad Educativa” que, en mi opinión, debería ser
considerado para su conocimiento y discusión. Tales aportes no comprometerían a
ninguna de las partes porque se harían en el marco de las responsabilidades del
Estado Docente.
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